La mayoría de los españoles considera que el Gobierno y el PSOE deberían dejar de respaldar a José Luis Rodríguez Zapatero tras las investigaciones que afectan al expresidente. Una encuesta del Instituto DYM para Diario de Navarra revela que el 61,8% de los ciudadanos cree que ese apoyo debería cesar y que el 60,9% considera poco o nada creíble la defensa que ha realizado sobre la legalidad de sus actividades. El trabajo de campo se desarrolló entre el 15 y el 20 de julio, justo antes de que Julio Martínez anunciara su decisión de acusar a Zapatero y de presentar nuevos argumentos para cuestionar su versión de los hechos, por lo que el sondeo no recoge el posible impacto de ese movimiento sobre la opinión pública.

Los datos reflejan un elevado grado de escepticismo respecto a las explicaciones ofrecidas por el expresidente. El 60,9% de los encuestados considera que su defensa es poco o nada creíble, frente al 12,6% que la juzga muy o bastante creíble. Además, el 61,8% opina que tanto el Gobierno de España como el PSOE deberían dejar de apoyarle, mientras que solo el 17,5% considera que ese respaldo debe mantenerse. Entre los votantes de izquierdas y, especialmente, entre los de Sumar, la confianza en la versión de Zapatero es significativamente mayor que en el resto del electorado.

La encuesta forma parte del Polibarómetro correspondiente a julio de 2026 y se realizó en un contexto político especialmente marcado por las investigaciones judiciales relacionadas con personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El propio informe de DYM resalta que el debate público de las últimas semanas ha estado dominado por los procedimientos que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez.

BAJAS LABORALES

Junto a la corrupción, el estudio analiza la percepción ciudadana sobre las bajas laborales, una cuestión que ha adquirido una creciente relevancia en el debate político. Casi un tercio de los encuestados, el 32,2%, afirma haber conocido o haber oído hablar durante el último año de algún caso de baja laboral fraudulenta. Por el contrario, el 56,7% asegura no tener constancia de ninguna situación de este tipo y un 11,1% no sabe o no responde.

La percepción del fraude presenta importantes diferencias en función de la orientación política. Entre quienes votaron a Vox en las últimas elecciones generales, el 48% asegura conocer algún caso de baja fraudulenta. El porcentaje se sitúa en el 42,2% entre los votantes del PP, mientras que desciende al 22,3% entre los del PSOE y al 26,7% entre los de Sumar. También existe una correlación ideológica: cuanto más a la derecha se sitúan los encuestados, mayor es la probabilidad de que afirmen haber tenido noticia de algún fraude relacionado con las incapacidades temporales.

Sin embargo, el dato más contundente del sondeo aparece cuando se pregunta por las medidas de control. Tres de cada cuatro españoles, concretamente el 75,7%, consideran que debería existir una mayor vigilancia sobre las bajas laborales fraudulentas. Sólo el 16,8% cree que los mecanismos actuales son suficientes, mientras que un 7,5% no expresa una posición definida.

La demanda de un mayor control es transversal, aunque alcanza sus niveles más altos entre los votantes del PP y de Vox. El 90,3% de los electores populares reclama reforzar la vigilancia y el porcentaje se sitúa en el 85,8% entre quienes apoyaron al partido de Santiago Abascal. También es una opinión claramente mayoritaria entre los votantes socialistas, donde llega al 70%. Únicamente entre los simpatizantes de Sumar aparece una mayor división, aunque incluso en ese segmento el apoyo al endurecimiento de los controles alcanza el 57,7%.

El rechazo es especialmente intenso entre los votantes de Sumar y del PSOE. Casi ocho de cada diez electores de la formación de Yolanda Díaz se muestran contrarios a esa iniciativa, mientras que entre los socialistas el porcentaje alcanza el 64,9%. En cambio, el apoyo es más elevado entre los votantes del PP y entre quienes se sitúan ideológicamente a la derecha, aunque tampoco llega a ser mayoritario en el conjunto de la población.

Los resultados dibujan una posición matizada de la ciudadanía respecto a las incapacidades temporales. Existe una percepción relevante de que puede haber fraude y una demanda muy amplia para reforzar la supervisión de los casos sospechosos. Sin embargo, esa exigencia de vigilancia no se traduce automáticamente en apoyo a medidas de recorte económico para quienes se encuentran de baja. La mayoría de los españoles distingue entre la necesidad de perseguir los abusos y la protección de quienes se ausentan de su puesto de trabajo por motivos de salud acreditados.

EL PP, PRIMERA FUERZA

 El impacto de este contexto político también se deja notar en las expectativas electorales. La estimación de DYM mantiene al PP como primera fuerza con el 34,9% de los votos y entre 145 y 149 escaños, mientras que el PSOE retrocede hasta el 27% y obtendría entre 104 y 108 diputados. Vox continúa su recuperación y alcanzaría el 16,5% de los sufragios, con una horquilla de entre 55 y 57 escaños, mientras que Sumar cae hasta el 3,8%. La suma de PP y Vox volvería a situarse por encima de la mayoría absoluta en el Congreso.

El sondeo apunta además a un deterioro de los principales partidos del bloque de izquierdas. Respecto al barómetro de mayo, el PSOE pierde siete décimas y Sumar retrocede casi dos puntos, mientras Vox gana medio punto y los partidos minoritarios aumentan su peso electoral. Según el resumen ejecutivo del estudio, las investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con personas del entorno de Pedro Sánchez han contribuido a un nuevo desgaste del PSOE y, especialmente, de Sumar.

La valoración de los líderes tampoco ofrece buenas noticias para las principales formaciones. Todos los dirigentes suspenden y ninguno supera los cuatro puntos sobre diez. Pedro Sánchez obtiene la mejor nota, con un 3,3, seguido de Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz, ambos con un 3,2. Más atrás aparecen Santiago Abascal, con un 2,6, e Ione Belarra, con un 2,3. Además, la preferencia para presidir el Gobierno queda prácticamente empatada entre Sánchez (35,9%) y Feijóo (35,6%), una situación que refleja la elevada polarización y la ausencia de liderazgos con una amplia aceptación social.