El amago de tregua que se atisbó al inicio del juicio de la 'Operación Kitchen' -la causa en la que se investiga si en el año 2013 se fraguó una trama ilícita financiada con fondos reservados para destruir documentación que pudiese tener el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y que podía demostrar financiación irregular dentro de la formación- entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su antigua mano derecha, Francisco Martínez, queda definitivamente enterrado. Durante la exposición de su informe final, el letrado del exdirigente del PP, Jesús Mandri, descargó toda la posible responsabilidad sobre el exsecretario de Estado y defendió que los mensajes con los que fue inculpado en la causa fueron "manipulados". Martínez, por su parte, prefirió evitar el choque directo y se limitó a aludir a las "discrepancias" entre ambos sobre quién ordenó la investigación policial, que según expusieron, no era "clandestina", sino que era una "operación de inteligencia internacional" cuyo objetivo era rastrear el patrimonio de Bárcenas en el extranjero.

En un intento por desvincular a Fernández Díaz de cualquier conducta ilícita -tanto de los mensajes notarializados por parte del exsecretario de Estado como del control de los fondos reservados con los que presuntamente se pagó la trama-, su defensa sostuvo que el operativo jamás buscó sustraer documentación comprometedora para la cúpula del PP, sino que trataban de localizar dinero oculto de Bárcenas en cuentas bancarias en Suiza y sus posibles "testaferros". Según su letrado, el despliegue no fue una maniobra parapolicial para proteger a 'Génova', sino una operación de inteligencia legítima enfocada exclusivamente en localizar la fortuna oculta del extesorero. Una estrategia que también siguió el letrado encargado de la defensa de Martínez, Pedro Colina, que, además de restar credibilidad a los audios y agendas del excomisario Villarejo -a quien acusó de "mentir constantemente" y "crear fábulas"-, defendió que el "cheque" que su representado firmó para la financiación del operativo policial no concretaba "a qué iban destinados los fondos".

Y siguiendo la línea del descrédito, Martínez solicitó la absolución total de su representado -frente a los 15 años de prisión que solicita la Fiscalía Anticorrupción- y arremetió, de la misma manera, contra la validez probatoria de las agendas y grabaciones de Villarejo, tildándolas de "dirigidas" y carentes de espontaneidad. En este punto, Colina alineó su postura con las críticas formuladas por el letrado de Fernández Díaz para desacreditar las anotaciones del comisario jubilado e ironizar sobre la premisa del fiscal de que Villarejo "no se engaña a sí mismo".

De este modo, ambas defensas cerraron filas en el tramo final de sus informes para restar todo peso probatorio a la testifical del empresario Javier Pérez Dolset -a quien además señalaron como persona poco fiable por haber aparecido también implicado en la investigación de las conocidas como 'cloacas del PSOE', que presuntamente buscaban entorpecer algunos de los casos que afectan a los socialistas y al entorno del presidente del Gobierno- y sostener que el procedimiento se ha construido sobre indicios manipulados para criminalizar lo que, a su juicio, fue un desempeño policial en estricto cumplimiento del deber. Asimismo, Colina defendió que el "verdadero delito" habría sido el "no investigar" a Bárcenas y a su entorno, al igual que lo habría sido si el ex 'número dos' de Interior hubiese intentado "parar" lo que definió como una legítima "operación de Estado".

Precisamente en relación con ese principal punto de fricción entre ambos acusados -los únicos que expusieron su informe final durante la jornada de este miércoles-, la defensa del exministro hizo hincapié en que Fernández Díaz entregó voluntariamente su teléfono móvil a la Justicia para acreditar que jamás recibió los mensajes aportados por su ex 'número dos'. Para su letrado, basar la incriminación en unas actas notariales que no acreditan el número de teléfono de origen -y que contienen palabras escritas con 'k' como "kedado", ajenas al exministro- supone "una clara inversión de la carga de la prueba". Mandri sostuvo que los mensajes no existen en ningún terminal y acusó a Martínez de haberlos creado "ad hoc" por un "móvil espurio" derivado de su situación judicial, reiterando que no existe ningún otro indicio ni contacto directo que situara a Fernández Díaz en la "cúspide" de la trama.

"NO LE PREOCUPABA EN ABSOLUTO"

En esta misma línea, el letrado de Fernández Díaz defendió que el extitular de Interior "nunca ha visto vinculado su nombre con estos hechos", recordando ante el tribunal que incluso el jefe policial a cargo de la investigación reconoció que el exministro no figuraba en la lista del PP de posibles perceptores de sobresueldos. Partiendo de esa premisa, su defensa insistió en que a su representado "no le preocupaban en absoluto" los llamados papeles de Bárcenas, descartando de plano que existiera motivo o interés alguno para haber orquestado una maniobra al margen de la ley.

Por su parte, la representación de Martínez encuadró el origen del despliegue en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía tras surgir la oportunidad de captar al chófer de Bárcenas como confidente, defendiendo que "pagar a un confidente por una operación lícita es lícito" y rematando que el extesorero "jamás tuvo una sola prueba" comprometedora contra el PP que le pudiera ser sustraída -"cómo es posible que, de existir, las grabaciones con Rajoy y Cospedal solo hubiera una copia", se preguntó Colina en un momento dado.