La agenda judicial no deja de apretar al Gobierno. En el PSOE asumen que tarde o temprano el propio partido puede acabar imputado como persona jurídica en el 'caso cloacas' que instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz. Este viernes, el magistrado citó como investigado a Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando éste estaba en la oposición y presidente de Correos desde julio de 2018 hasta diciembre de 2023; la semana anterior, le tocó a la directora general de la Guardia Civil, la socialista madrileña Mercedes González; antes, a la gerente en Ferraz, Ana María Fuentes, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda... La espiral ascendente no cesa, pero el Ejecutivo está determinado a seguir adelante con una agenda legislativa cada vez más difícil de desplegar pero llena de carga política. Nadie cree ya que el presidente del Gobierno vaya a llevar la legislatura al límite de lo legalmente posible, desde que Sánchez abrió la puerta a un adelanto si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, como reclamó el PNV. Aun así, la mayor parte de los grupos, incluido el socialista, asume que las generales tendrán lugar en torno a febrero o marzo del año próximo. Son ocho o nueve meses en los que tanto el PSOE como Sumar -inmerso en un proceso de refundación y en pleno declive- pretenden poner toda la carne en el asador en un último y definitivo esfuerzo por revertir unos sondeos cada vez más desfavorables para ambos y más aún para el socio minoritario del Gobierno, al que la mayoría de sondeos sitúa entre un 6% y un 7% de intención de voto frente al 12% de 2023.

Mientras el PSOE sigue alimentando el discurso de que es doblemente víctima, por un lado, de una derecha que usa los tribunales para conseguir por la vía judicial lo que no logró en las urnas y, por otro, de unos "aprovechados" que usaron sus puestos de responsabilidad para enriquecerse, el Gobierno se mueve en el corto y medio plazo para dotar de contenido lo que queda la legislatura y tratar de cambiar la conversación pública. Y en esa tarea, paradójicamente, ha encontrado en el principal partido de la oposición y en su líder un aliado inesperado, que en cuestión de días le ha servido en bandeja dos debates en los que la izquierda se siente más que cómoda: el del aborto, con su apuesta por la ley del concebido no nacido, y el de los derechos laborales, con su propuesta de rebajar el sueldo en las bajas laborales. Es en ese tipo de asuntos en los que el progresismo cree que puede competir. "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", se apresuró a replicar Sánchez desde la cumbre de la OTAN, en Ankara este miércoles. El Ejecutivo es consciente, en todo caso, de que no le basta con los errores no forzados de su rival y de que el momento exige iniciativa. Todos sus socios de lo han dicho ya. Antes de que llegue agosto, se ha marcado dos objetivos: sacar adelante lo que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), llama la "refundación" de la dependencia y un real decreto ley de vivienda, el gran problema del momento, anunciado hace dos semanas por la ministra portavoz.

El primero de estos dos avances legislativos está más al alcance de la mano. Este martes, el Congreso celebra el primero de los dos plenos extraordinarios previstos en julio -mes reglamentariamente inhábil en la Cámara- con un orden del día que incluye tanto el real decreto ley de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y el proyecto de ley que reforma la ley de la dependencia. Aunque en la dirección del grupo socialista no se atreven a cantar aún victoria, el jueves el texto salió adelante en la Comisión de Derechos Sociales con los únicos votos en contra de PP y Vox. Incluso Junts votó a favor.

DECRETO A LA CARTA

El decreto sobre vivienda, en cambio, aún está en negociación. Pero esta vez, y tras obligar al PSOE a aprobar el pasado marzo un texto que, de antemano sabían condenado al fracaso, Sumar se ha abierto a aceptar las rebajas fiscales que pedía Junts. La norma que el Ejecutivo quiere aprobar este mes incluirá de nuevo la malograda congelación del precio de los alquileres, apuesta estrella de los de Yolanda Díaz, pero la idea es recoger aportaciones a la carta de todos los grupos políticos. Eso no es garantía de éxito, pero los socios confían en que la presión social mueva a los posconvergentes, que no está logrando grandes éxitos con su estrategia de confrontación, según los sondeos, y que la sentencia del TJUE sobre la amnistía, el próximo jueves, ayude a suavizar las cosas si es favorable a Carles Puigdemont.

Pero habrá más revolcones. Este martes se vota también la senda de estabilidad, antesala de los Presupuestos, y su devolución se da por descontada. En cartera queda igualmente la reforma del sistema de financiación pactada con ERC, que el ministro de Hacienda, Arcadi España, llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 29. Es casi imposible que prospere, pero de momento el gesto le sirve para ganar tiempo y lanzar un mensaje al electorado catalán, clave. A partir de otoño, los meses se llenarán, fundamentalmente, con la negociación presupuestaria. Aún no hay fecha para el envío del proyecto a la Cámara. Sánchez lo ajustará a sus intereses, porque, una vez se los tumben, tendrá que poner fecha a las generales de hacer lo que ya hizo en 2019. El Ejecutivo sabe que los números no dan para su aprobación, pero esta vez sí lo presentará porque le servirán de escaparate electoral. España ya anunció el martes un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el ejercicio anterior.

Y entre tanto, Sánchez juega sus cartas. El Gobierno se anota como tantos esta semana haber aplacado a Trump en la cumbre de la OTAN y la decisión del Supremo de no elevar una cuestión prejudicial sobre la regularización de inmigrantes al Tribunal de Justicia de la UE. Aunque son victorias de corto recorrido frente a un calendario judicial que no da tregua. Y ni el propio Ejecutivo se atreve a asegurar que basten para llegar entero a marzo.