Fiscalía Europea
Begoña Gómez testifica que no habló con ningún cargo del Gobierno para favorecer las adjudicaciones a Barrabés
El interrogatorio a Begoña Gómez se centró en conocer cuál era su relación con Barrabés, cómo se conocieron y cómo fueron sus reuniones


Publicado el 06/05/2026 a las 05:00
Begoña Gómez compareció este martes ante la delegación española de la Fiscalía Europea, cuyas oficinas se encuentran en Madrid, en el marco de los contratos con dinero comunitario que fueron adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario y profesor de la cátedra universitaria que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entre los años 2020 y 2024.
Gómez fue citada como testigo para aclarar su relación y/o conocimiento sobre estas adjudicaciones y las cartas de recomendación que firmó y acompañaron a la oferta presentada por la mercantil de Barrabés, investigado también en la causa que instruye el juez de Madrid Juan Carlos Peinado.
La comparecencia de Begoña Gómez, adelantada por El País, fue confirmada por fuentes del entorno de su defensa, quienes explicaron que su cliente nunca habló con nadie del Gobierno sobre estas licitaciones que la entidad pública Red.es -dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública- entregó por importe de 8,4 millones de euros a un grupo de empresas entre las que se encontraba Innova Next, administrada por Barrabés.
Este empresario y el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, permanecen investigados en esta causa de la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier irregularidad en partidas procedentes de fondos comunitarios. Hace cerca de dos años la delegación española abrió una causa para analizar dos contratos -"Formación empleo juvenil para la economía digital" y "Servicio de formación para personas desempleadas"- que recayeron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next y The Valley Digital Business School. Para ello, había citado tanto a la esposa de Sánchez como a todos los firmantes de cartas de recomendación que fueron adjuntadas al expediente de Red.es, por las que estas compañías lograron una mejor valoración en la parte subjetiva y terminaron ganando el contrato.
Los fiscales encargados de este asunto son Laura Pellón, Antonio Zárate y Luis Miguel Jiménez. Este martes, el interrogatorio a Begoña Gómez se centró en conocer cuál era su relación con Barrabés, cómo se conocieron y cómo fueron sus reuniones. Ella, en línea con lo que ya ha mantenido en el juzgado de Peinado, explicó que fueron presentados en algún acto sobre sostenibilidad, aseguró que no eran amigos, que su relación era "únicamente profesional" y que si tuvo un encuentro con él fue siempre en el marco de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió.
INTERLOCUTORES
Gómez añadió que tuvo citas con Barrabés como con los otros seis profesores que dieron clases en el máster de la UCM, porque debía entregar a la universidad un plan docente para que fuera aprobado. Sobre las dos declaraciones de interés y apoyo (en forma de carta) que constan firmadas por la testigo dentro del expediente de adjudicación, manifestó que ni siquiera recordaba haberlas escrito hasta que aparecieron en los medios de comunicación, y que derivaron en la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, y que nunca supo si a Barrabés le habían adjudicado o no el contrato del ente público.
Los fiscales le preguntaron si consultó este asunto con la entonces secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, o con la exvicepresidenta y exministra de Hacienda Nadia Calviño. También le interpelaron por su relación con el director general de Red.es, entonces David Cierco, y con el posterior director general, Alberto Martínez Lacambra.
La respuesta fue que no habló con ellos ni siquiera con el propio Barrabés. Hasta la fecha han declarado más de una veintena de testigos en esta diligencias. En agosto pasado un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -dependiente del Ministerio de Hacienda- presentó un informe que señaló que la valoración discrecional había sido "arbitraria" y se había "excedido" en beneficio de la UTE de Barrabés, a la que se le había incrementado "injusta e ilegalmente su puntuación", perjudicando a los demás concursantes.