La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha detenido a seis personas en una operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares de la empresa Forestalia, han informado fuentes próximas a la investigación.

Los agentes de la UCOMA, unidad adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), están registrando desde primeras horas de este martes las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como una decena de domicilios de directivos de la empresa.

Según las fuentes consultadas, los investigadores han detenido a una persona en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) durante el transcurso del operativo, que permanece abierto y en el que se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.

Estas fuentes han añadido que los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios.

Han rechazado ofrecer más datos de la investigación llevada a cabo al constituirse en estos momentos en una macrooperación abierta con posibles múltiples ramificaciones e implicaciones derivadas de la presunta manipulación de los proyectos de renovables puestos en cuestión.

Sí que han explicado que a lo largo de las pesquisas desarrolladas en algunas de las zonas de ubicación de estos parques energéticos se han hallado aves electrocutadas y otros elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las licencias obtenidas.

FORESTALIA EN ZARAGOZA

En la ciudad de Zaragoza se han iniciado los registros de la sede de la compañía así como en el domicilio de su propietario, en el marco de una operación que implicaría a una veintena de empresas de energías renovables, entre otras las del clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

En una operación diferente a la que lleva a cabo el Seprona, la UCO entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025 para tratar de determinar su vinculación con el exdirigente socialista Santos Cerdán y con la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Según otras fuentes relacionadas con la investigación, la Guardia Civil tenía bajo sospecha a Forestalia también por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.

La concesión de licencias a proyectos de renovables en Aragón generó críticas por parte de grupos políticos e instituciones locales a la labor llevada a cabo por el Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (INAGA) en la aprobación de declaración de impacto ambiental.

Antxon Alonso, dueño de Servinabar, empresa presuntamente participada por Santos Cerdán, tiene estrechos vínculos con esta firma de renovables, dedicada principalmente a la promoción de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, la mayoría en Aragón.

De hecho, Antxon Alonso tuvo un papel como asesor de Forestalia en un proyecto de línea de alta tensión entre Zaragoza y Vizcaya que atravesaba Navarra, aunque los permisos que obtuvo fueron revocados.

En su labor de asesoramiento, Antxon Alonso mantuvo una reunión con José María Aierdi, consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. En encuentro se celebró el 6 de noviembre de 2023 en el Palacio de Navarra y asistieron también directivos de Forestalia. Esta reunión fue a petición de Forestalia, según dijo Aierdi en su respuesta a una pregunta de UPN sobre sus contactos con el dueño de Servinabar. “El objeto de la reunión fue analizar las autorizaciones administrativas estatales al proyecto de despliegue de líneas de alta tensión que promueve este grupo”, señalaba el escrito del consejero.

En este encuentro en el Palacio de Navarra también participaron el vicepresidente foral Félix Taberna; el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y los directivos de esta empresa Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor. Ontañón y Marruedo son dos ex políticos del Partido Aragonés (PAR).

En abril de 2024, el Gobierno de Navarra anunció la interposición de un recurso judicial ante el contencioso-administrativo contra resoluciones administrativas de la Administración General del Estado que otorgaba autorizaciones previas al despliegue de las cuatro líneas de alta tensión promovidas por Forestalia. El Ejecutivo optó por la vía judicial después del requerimiento que había interpuesto en febrero ante el Ministerio para la Transición Ecológica y que fue desestimado por silencio administrativo.

Entre las múltiples sociedades a nombre de Antxon Alonso hasta hace poco figuraba Next Generation Caliope Innova SL, que a su vez participa en dos sociedades que entre sus activos tienen dos parques fotovoltaicos en Teruel que fueron promovidos por Forestalia. La firma de renovables hacía también negocios con la familia Sumelzo, grupo constructor de Zaragoza. En la contabilidad de Servinabar figura un abono de 12.000 euros en 2020 de Sumelzo.

la OTD o a July