El número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido este martes por la tarde después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas.

Su cargo lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece el artículo 4 de la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Dicho artículo señala que en "los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico"

La dimisión de González se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo tras una querella de una agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

El juez le ha citado después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".