El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha censurado la concesión del régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, "uno de los dirigentes más sanguinarios de la organización terrorista y responsable de numerosos atentados por los que acumula condenas que suman centenares de años de prisión". Esta medida, aseguran desde COVITE, "le permitirá salir de la cárcel guipuzcoana de Martutene de lunes a viernes, disfrutando de beneficios propios del tercer grado sin haber progresado formalmente a ese régimen".

COVITE considera que la aplicación del artículo 100.2 en este caso constituye "un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA", al tratarse de una medida prevista por la ley con carácter excepcional que con los presos de ETA se está utilizando de forma sistemática para flexibilizar el cumplimiento de sus penas. "Estamos ante una amnistía encubierta absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria a nuestro ordenamiento jurídico", ha denunciado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. "Esta política penitenciaria con los presos de ETA del Gobierno vasco supone la culminación de la última exigencia de ETA que queda por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos, que es, en palabras de la propia izquierda abertzale, ‘vaciar las cárceles’. Se está cumpliendo a rajatabla exactamente como ellos quieren: sin exigirles arrepentimiento ni desvinculación del entramado social y político que legitima y vanagloria el terrorismo. Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares", ha insistido Ordóñez.

El Colectivo ha recordado que el arrepentimiento es una condición esencial para avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo y que, tratándose de un delito público y de especial gravedad como este, dicho arrepentimiento debería manifestarse también públicamente, precisamente para contribuir a la reparación no solo de las víctimas directas, sino del conjunto de la sociedad, especialmente de la vasca y la navarra, donde las consecuencias del terrorismo siguen muy presentes. "Nada de eso concurre en el caso de ‘Txeroki’. Al contrario, la izquierda abertzale continúa exhibiéndolo como si fuera un héroe y tratándolo como a un 'preso político', lo que demuestra que sigue sin cuestionar su trayectoria criminal en la organización terrorista y, por tanto, que no está arrepentido", han subrayado desde COVITE.

COVITE ha advertido además de que la extensión del artículo 100.2 a numerosos presos de ETA vacía de contenido el carácter excepcional de esta medida y consolida una política penitenciaria que continúa avanzando, sin prisa y sin disimulo, en la dirección marcada por la izquierda abertzale. Asimismo, el Colectivo ha vuelto a denunciar la falta de transparencia del Gobierno vasco en relación con la concesión de determinados beneficios penitenciarios a presos de ETA, como el propio artículo 100.2 o el 117 del Reglamento Penitenciario, ambas vías excepcionales que permiten a reclusos clasificados en segundo grado —que no pueden progresar al tercero por no haber cumplido aún las tres cuartas partes de la condena— disfrutar de beneficios propios de ese régimen. Según ha denunciado COVITE, el Gobierno vasco ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados, una negativa que no se produce por primera vez. "No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia", ha recalcado Ordóñez. Pese a que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se comprometió públicamente en noviembre de 2025, en una jornada organizada por la AVT, a mejorar la información a las víctimas del terrorismo, el Colectivo asegura que ese compromiso no se está cumpliendo. "Estamos solicitando información de forma reiterada y se nos está negando", ha criticado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

Por otra parte, COVITE ha denunciado la soledad institucional y social en la defensa del derecho de las víctimas a la justicia ante este tipo de decisiones. "Ningún partido político, ni los del gobierno ni los de la oposición, ni ninguna asociación de víctimas —excepto COVITE— están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA. Todos aquellos que clamaban contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas, cuando no es un derecho de las víctimas elegir en qué cárcel deben cumplir su pena, ahora callan ante estas concesiones de terceros grados. ¿Por qué? ¿Acaso no es mucho más grave que se excarcele a los presos de ETA burlando nuestras leyes, que el hecho de que sean trasladados de una cárcel a otra?", ha lamentado Consuelo Ordóñez. "Este silencio generalizado y atronador resulta tan doloroso como incomprensible", ha insistido Ordóñez.

Por último, el Colectivo ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ejerza su función y recurra el 100.2 de ‘Txeroki’ para impedir que se consolide esta "amnistía encubierta" contraria a Derecho. "En la fase de ejecución de las condenas las víctimas no podemos estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede y debe velar por nuestro derecho a la justicia. Avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad", ha concluido COVITE.