El Consejo de Ministros aprobó este martes una batería de mejoras para evitar nuevos fallos en las pulseras antimaltrato que pongan en peligro la vida de víctimas de violencia de género y sexuales o desemboquen en el sobreseimiento de causas penales contra los supuestos agresores. El objetivo, resumió la ministra de Igualdad, es "ofrecer un servicio de protección más seguro". La actualización se llevará a cabo el próximo mes de mayo con motivo de la adjudicación del nuevo contrato público para el control de los dispositivos. 

Ana Redondo desgranó las novedades que se incorporarán al sistema. La principal es que las pulseras que se usaban hasta ahora para geolocalizar a los agresores serán sustituidas por tobilleras. Este cambio "dificultará su manipulación", justificó la titular de Igualdad. Además, se dotará a los nuevos dispositivos con una tarjeta eSIM que no puede ser extraída para ocultar la ubicación del agresor, se prolongará la durabilidad de las baterías o se almacenará un stock suficiente de tobilleras para reemplazar en cuestión de horas cualquier aparato que presente cualquier signo de funcionamiento anómalo. 

En cuanto al nuevo contrato, tendrá una vigencia de tres años prorrogable a cinco frente a los 30 meses del anterior. Esto conllevará un incremento del presupuesto que de 50 millones pasa a 71, una cantidad que podrá elevarse hasta los 111 millones en caso de agotarse el plazo de cinco años de adjudicación del servicio.

SOBRESEIMIENTOS JUDICIALES

Los fallos en los dispositivos se iniciaron a partir de noviembre de 2023, cuando Vodafone sustituyó a Telefónica como adjudicataria del servicio de control. En la migración de datos entre estas empresas se produjo un borrado de información que no fue resuelto hasta meses después. Según defendió Igualdad después de que la Fiscalía alertara sobre las deficiencias del sistema, la brecha digital solo afectó al traslado de datos a los órganos judiciales competentes. En ningún caso llegó a correr peligro alguna víctima, reiteró este lunes la ministra, a quien tras destaparse el mal funcionamiento de las pulseras le llovieron las peticiones de dimisión desde buena parte del arco parlamentario.

El Gobierno pidió disculpas públicas a las afectadas y encargó dos investigaciones -una interna y otra externa- para esclarecer lo sucedido y evitar que fallos semejantes puedan repetirse en un futuro. Las conclusiones de esos trabajos es lo que ha llevado a Igualdad a aprobar las mejoras en los dispositivos. En paralelo, el Ejecutivo solicitó a los organismos judiciales datos sobre cuántos procesos fueron sobreseídos por falta de información sobre el caso, una petición que "meses después aún no ha sido atendida", lamentó Redondo. 

La polémica golpeó de lleno al Gobierno y a su imagen de defensor del feminismo y la igualdad de género. Más aún al afectar a un electorado, el de las mujeres, que tanto PSOE como Sumar reclaman como propio. "Fuimos conscientes de que había que mejorar", señaló ayer la ministra para explicar los cambios acometidos en el sistema de protección y el incremento en su presupuesto. "En el presente contrato incorporamos todas las mejoras porque aunque la tecnología pueda fallar, no puede hacerlo la respuesta de un gobierno responsable", concluyó Redondo.