Salidas masivas de funcionarios a la sanidad pública, cuadros médicos desgajados que provocan mayores listas de espera, críticas a la calidad asistencial y un déficit de financiación agravado por la falta de presupuestos, que el Gobierno ha intentado solventar con un suplemento de crédito de 91,4 millones de euros aprobado in extremis a finales del pasado mes de noviembre. Muface está a punto de cerrar el que, sin duda, ha sido el peor año de su historia, con la salida de más de 65.000 funcionarios del sistema hacia la sanidad pública.

El tsunami por la decisión de las tres aseguradoras que prestaban el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) de dejar desierto el concurso para la asistencia de 2025-2026 -y que casi cuesta la desaparición del modelo que ofrece cobertura a cerca de 1,5 millones de empleados públicos y sus familias- deja paso ahora a una nueva etapa marcada por el recién aprobado Plan Estratégico de Muface hasta 2028. Una hoja de ruta que tendrán que cumplir al dedillo Adeslas y Asisa, las dos únicas entidades que se encargarán de mantener vivo el sistema, tras la renuncia de DKV, cuyos números no cuadraron para compensar las pérdidas generadas.

Fuentes de CSIF -el principal sindicato de los funcionarios- confirman que, tras el duro 2025, la situación presenta ahora menor conflictividad, "con acuerdos de mejoras de condiciones y Función Pública comprometida con llevarlas a cabo", aseguran. De momento, el sector ya logró arrancar al Ministerio un alza de las primas del 41,2% y un presupuesto de 4.808 millones para seguir prestando el servicio.

Entre las novedades del nuevo Plan Estratégico está el objetivo de cerrar por fin la implantación de la receta electrónica concertada. Y habrá una mayor vigilancia a las aseguradoras para que cumplan con todo lo pactado en términos de calidad asistencial, tras un ejercicio en el que las quejas por las listas de espera y los cuadros médicos cada vez más limitados -sobre todo en algunas especialidades- se han disparado entre los usuarios del servicio. La propia Muface reconoce en su plan la falta de herramientas para valorar si la atención sanitaria se ajusta a criterios clínicos.

En este escenario, y pese a haber superado la peor crisis desde el inicio de su existencia, el debate sobre la viabilidad del modelo sigue sobrevolando Muface, que es muy consciente de la escasez de recursos y de los riesgos que mantienen en un hilo su situación financiera. Todo en un momento de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que dejó en números rojos la financiación de las prestaciones sanitarias y que ha finiquitado prácticamente todo el remanente de Tesorería para hacer frente a los gastos de este año.

Muface calcula, de hecho, que cerrará el ejercicio con un déficit de 64,13 millones de euros, con el remanente de Tesorería cayendo a plomo de los 282,25 millones de euros que había a diciembre de 2024 a 7,994 millones actuales, según los últimos datos disponibles.

Fuentes conocedoras apuntan a que el salvavidas acordado in extremis con Adeslas y con Asisa el pasado verano no impedirá que, en un futuro próximo, puedan abordarse posibles reformas de cara al siguiente convenio, ante las voces que siguen dudando de la supervivencia del sistema, al menos tal y como lo conocemos hasta ahora. Entre esas voces críticas está la de la propia Autoridad Fiscal (Airef). El organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas lleva meses advirtiendo de las deficiencias del modelo.

Para la institución presidida por Cristina Herrero, solo existen dos soluciones que chocan frontalmente con las aspiraciones de aquellos que defienden su supervivencia como hasta ahora: por un lado, que la adscripción de los funcionarios administrativos al mutualismo pase de ser obligatoria a voluntaria; por otro, que los nuevos funcionarios se incorporen directamente al Sistema Nacional de Salud (SNS). Es decir, dos vías que, aunque no lo dicen directamente, apuntan claramente al desmantelamiento del modelo actual. La segunda, de hecho, está en línea con la opinión del Ministerio de Sanidad, que durante los momentos más duros de la crisis abogó incluso por traspasar a todos los funcionarios bajo el paraguas de Muface a la pública.

A diferencia de la cartera de Mónica García, Airef aboga por que ese trasvase sea progresivo y, sobre todo, condicionado a un refuerzo en paralelo de los recursos de la sanidad pública. Sobre todo porque, sin ese mayor apoyo financiero, cada médico de familia tendría que realizar, de media, 0,9 consultas adicionales al día, pasando de 27,9 a 28,8 pacientes. Los primeros estudios en torno a esta posibilidad señalan también que el número de ciudadanos en lista de espera para consultas especializadas se incrementaría en un 30%, mientras que los que esperan intervenciones quirúrgicas aumentarían un 7,2%.

Desde CSIF critican con dureza estos planes. Pero la propia Muface reconoce que las propuestas "deben abordarse en un contexto más amplio del de la propia mutualidad".

¿Qué eligen los nuevos mutualistas? Las cifras oficiales apuntan a un cambio generacional que ha provocado que un 72% de los nuevos mutualistas ya elijan la pública frente a la privada para cubrir sus necesidades sanitarias, aunque el peso de la misma sigue siendo del 30% sobre el total del sistema. Eso sí, en las patologías más graves, la cifra sube al 90% en algunos colectivos, como los menores de 40 años. Los últimos cambios en Muface podrán cuantificarse en términos de confianza a lo largo de enero, cuando se abre una nueva ventana para cambios entre aseguradoras o de la privada al SNS. En enero de 2025, en plena crisis del sector, hubo un récord de 45.000 traspasos a la pública.