"El presidente no se presentaba a las elecciones". En la Moncloa (y en Ferraz) se niegan a asumir que siquiera un porcentaje del descalabro sufrido el pasado domingo en las elecciones de Extremadura, en las que los socialistas perdieron una tercera parte del respaldo logrado en el ya aciago 2023, sea atribuible a la propia gestión del Gobierno. Esgrimen que ese es el marco interesado que ha pretendido instalar el PP, al que acusan de hacer un uso espurio e "irresponsable" de la prerrogativa que tienen los presidentes autonómicos para adelantar los comicios en sus circunscripciones y que no lo asumirán. Pero la falta de autocrítica no solo ha provocado el reproche de la única voz abiertamente discrepante en el PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha sembrado el desconcierto entre dirigentes y cuadros de distintas federaciones. No es ya que a algunos les chirríe el discurso de que lo sucedido en Extremadura no es extrapolable ni al ámbito nacional ni a otros territorios en los que también se abrirán las urnas en los próximos meses; Aragón, el 8 de febrero, Castilla y León en marzo y Andalucía, como tarde, en junio. Es también que, al menos de puertas a fuera, el análisis que el lunes se hizo en la ejecutiva del partido fue tan optimista que no resultó creíble. "Es cierto que Miguel Ángel Gallardo partía de una situación distinta, por ejemplo, a la de Pilar Alegría y claramente peor, pero está estudiado que, fuera de las comunidades históricas, la política nacional tiene mayor incidencia en el voto que la regional", apunta un buen conocedor de la sociología del país.

En un partido ya anímicamente afectado por la sucesión de acontecimientos que lo han venido golpeando en los últimos meses -las nuevas ramificaciones de los casos de corrupción protagonizados por los hasta hace poco todopoderosos José Luis Ábalos y Santos Cerdán; la ruptura del bloque de investidura que complica la aprobación de proyectos legislativos y, de remate, la deficiente gestión de las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas- oír a la portavoz de la ejecutiva, Montse Mínguez, afirmar con contundencia que el PSOE está "más fuerte que nunca" provocó cierto estupor.

A nadie se le oculta lo que pretendía trasladar la dirección que encarna Sánchez con ese mensaje. Como le dijo Isabel Pantoja a su entonces pareja, Julián Muñoz, en su peor momento: "Dientes, dientes, que es lo que les jode"; en este caso, lo que frustra a una derecha que aspira a obligarlo a convocar generales a fuerza de infligirle derrotas en las urnas por persona interpuesta. Hay quien en las propias filas socialistas, sin embargo, pone en duda que el presidente vaya a llevar realmente la legislatura hasta 2027 y apuesta por una convocatoria anticipada en junio, con las andaluzas, a la que, también con muy mal pronóstico, concurre la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El jefe del Ejecutivo argumentó ante los suyos en Ferraz, horas después de la hecatombe extremeña, que aunque ahora parezca que los votantes progresistas han perdido el miedo a Vox -como cabe deducir del hecho de que buena parte de ellos prefirieran abstenerse el 21-D, en pleno apogeo demoscópico del partido ultraconservador-, cuando llegue la hora de las generales volverán al redil. Pero ese planteamiento tampoco resulta tranquilizador en las federaciones.

OBLIGACIÓN MORAL

"Sacrificar los territorios en favor de un mejor resultado en generales daña al partido. Y además -advierte un líder regional-, creo que la tendencia será muy mala y que eso que ocurrió el 23-J de 2023 no se repetirá si esto sigue así". En Moncloa, sin embargo, defienden que hay tiempo para revertir tendencias y reivindican como una obligación moral resistir en el Ejecutivo. "Nosotros vemos lo que está pasando fuera con la ultraderecha y hay un problema real de regresión. Se está desmantelando el Estado de derecho. La marcha atrás en el compromiso medioambiental es el fin de Occidente y hay mucha gente en el mundo que nos mira a nosotros, a Macron y a Canadá. Tenemos una responsabilidad histórica", argumentan. Ejecutar el plan de Sánchez, en todo caso, no será fácil. Es cierto que hasta finales de enero, cuando se espera un pleno extraordinario para votar los reales decretos aprobados el pasado martes, se librará de posibles reveses en el Parlamento porque el mes que entra en inhábil. Todo apunta, además, a que el Gobierno irá posponiendo la presentación de los Presupuestos hasta ver si el eventual regreso de Carles Puigdemont, hacia la primavera, cambia la actitud de Junts. Pero el presidente no tiene control sobre la agenda judicial y en el PSOE está asumido que no hay posibilidades de victoria en ninguna de las elecciones en ciernes en las que, a diferencia de Extremadura, se la juegan dos de sus ministras. El jefe del Ejecutivo decidió blindar a Gallardo cuando estalló el caso por la contratación de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, pero era en origen un barón crítico, así que poner distancias resultó más fácil. Alegría, la primera en examinarse, sí lleva, en cambio, su sello. Sánchez quiso, de hecho, mandar a varios de sus ministros a ejercer la oposición en distintas comunidades hace un año creyendo que era la mejor manera de recomponer el poder territorial perdido en el 23. Y los sondeos apuntan a pinchazo, aunque por el camino el PP también tenga que purgar sus propias penas con el ascenso de Vox. En Castilla y León, el escenario se antoja algo menos adverso pero tampoco es especialmente halagüeño y no está en duda que el popular Alfonso Fernández Mañueco podrá volver a formar Gobierno con los de Abascal. "El contexto aquí es distinto -apuntan fuentes cercanas al candidato, el también alcalde de Soria, Carlos Martínez-. Mañueco es muy malo y son 38 años de PP. Nuestro principal problema es la falta de foco nacional y el blindaje mediático que tiene". "Pero por pedir algo -ironizan, en un mensaje descriptivo-, que dejemos de tener escándalos en nuestra casa".