La política y el Derecho Penal hacen extraños compañeros de cama. Que se lo digan a Santos Cerdán y a Benet Salellas. Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, declara este 30 de junio en el Tribunal Supremo. Está imputado por presuntos delitos de pertenencia a banda criminal y cohecho. Le asistirá como abogado Salellas, exlíder de la CUP y veterano penalista de Girona, que defendió a Jordi Cuixart, entonces al frente de Òmnium Cultural, en el juicio del procés. En él dejó para el recuerdo algunos duelos dialécticos con el juez Manuel Marchena. “Este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española”, afirmó el letrado en la vista.

Salellas resultó protagonista del procés porque fue uno de los que apretó desde la CUP para que el desafío independentista se acelerara. Y más tarde fue actor principal en el juicio celebrado en el Supremo en 2019, que acabó con la condena a penas de 9 a 13 años de cárcel para los líderes secesionistas. Entre ellos Cuixart, defendido por Salellas y que dejó sentenciada una de las frases del juicio. Fue en el alegato final: “Y sí, lo volveremos a hacer”. A buen seguro que en esta ocasión, el letrado gerundense, hijo de abogado, no recomendará a su defendido que acabe su declaración en el Supremo diciendo ante el juez que volverá a hacerlo junto a Koldo García y el ministro José Luis Ábalos.

El objetivo de Salellas, que ha sido repudiado por su antiguos compañeros de partido, es intentar que Santos Cerdán, hasta hace bien poco primer espada de la política española y hacedor de los acuerdos con Junts y Bildu, no sea defenestrado de por vida en la “papelera de la Historia”. La expresión es suya: ahí envió el abogado catalán a Artur Mas en 2015. Los dos jefes del grupo de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel y él mismo, no perdonaron al en aquella época presidente de la Generalitat los casos 3%, Palau y Pujol y las cuentas de su familia en paraísos fiscales. Tras un empate rocambolesco en una asamblea cupera, los anticapitalistas, que mandaban en la política catalana como ahora Puigdemont a nivel nacional, vetaron a Mas y exigieron a los exconvergentes que propusieran a otro candidato a la presidencia. En su libro sobre el procés, David Madí, mano derecha de Mas durante muchos años, no ahorra las descalificaciones contra Salellas y Gabriel tras ‘cargarse’ al exlíder de Convergència. “Exhibieron un cóctel letal de ignorancia y sectarismo”, “con un desconocimiento total de lo que realmente había pasado”. A ella, “sacerdotisa de la secta”, la nomina por aquel episodio para un lugar destacado en el “salón de la fama de personajes mezquinos del procés”.

ONCE PROPIEDADES

El elegido por Mas para sustituirle, con el visto bueno de los cuperos, fue Puigdemont. Los anticapitalistas querían un pata negra y no se equivocaron. Salellas conocía de cerca al hoy líder de Junts y prófugo de la justicia, que dejó la Alcaldía de Girona para asumir la presidencia de la Generalitat. Precisamente, ahora quien ostenta la vara de mando en el Ayuntamiento gerundense es el hermano de Benet, Lluc. Mientras el abogado se ha apartado de la CUP, su familiar se ha erigido en el dirigente del partido que ocupa el cargo de mayor relevancia institucional.

El ahora abogado defensor de Cerdán entró al Parlament en 2015 por la puerta grande, obligando a Mas a dar un “paso al lado”. Pero bien pronto tuvo que dar explicaciones sobre su situación personal. Levantaba la bandera del anticapitalismo, mientras declaraba un rico patrimonio: 11 propiedades (dos pisos, tres locales y seis fincas rústicas). Una suculenta herencia para un antisistema: su padre fue abogado penalista, como él, y su madre, enfermera.

Las contradicciones vuelven a aflorar ahora al defender a un político presuntamente corrupto y de uno de los partidos que defendió la aplicación del 155. En la CUP se desmarcaron desde el minuto uno, nada más hacerse público que Cerdán había contratado al letrado gerundense. “Ya no es militante, se desvinculó de nuestra organización hace meses”, afirmaron los cuperos. “Si fuera militante, le habríamos exigido que no asumiera esta defensa”, remataron.

Dirige el despacho Salellas i Associats Advocats, que fundó el padre en 1982. Como recoge su currículum en la firma legal, ejerce como abogado desde 2003. “Ha participado en centenares de procesos por todo tipo de delitos en tribunales ordinarios y también en la Audiencia Nacional y en el Supremo”. Constata que fue diputado entre 2015 y 2017, pero omite el partido. Defendió a alguno de los investigados en la causa por terrorismo en el caso Tsunami Democrátic en la Audiencia Nacional, causa que quedó archivada. También en la Audiencia Nacional ha defendido a presuntos yihadistas. Y logró que en un caso en el que unos manifestantes quemaron fotos del Rey en Girona en 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España.