El Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, mantener a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, al desestimar el recurso de una asociación de fiscales, la APIF, que pedía anular su nombramiento.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha avanzado el fallo de la sentencia que rechaza el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El contenido de la resolución se conocerá próximamente, informan fuentes jurídicas, que añaden que los magistrados llevaban semanas trabajando en esta sentencia dada la trascendencia del asunto.

Esta decisión se produce la víspera de que de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado le tome declaración como imputado por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

La Apif, que además está personada como acusación popular contra el fiscal general en la causa del novio de Ayuso, interpuso hace un año un recurso contra la segunda designación de García Ortiz como fiscal general, de diciembre de 2023, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno durante su primera etapa mostraban que su nombramiento "no se ajusta a la ley".

Apif apoyaba su recurso en la sentencia del Supremo en la que apreció "desviación de poder" en la actuación de García Ortiz cuando anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada del alto tribunal, lo que a su juicio hacía decaer el requisito de jurista de reconocido prestigio, necesario para el cargo.

Poco después, García Ortiz recusó sin éxito a los magistrados por falta de imparcialidad, ya que son los mismos que resolvieron el caso de Delgado, en un movimiento que no sentó nada bien en el tribunal.

La defensa de García Ortiz, en su escrito de conclusiones, señalaba que esa asociación de fiscales imputa al fiscal general "actuaciones que no ha realizado nunca" y apuntaba que lo hace con "argumentos que son pura propaganda" para, entre otras cosas, "socavar al Gobierno que efectúa el nombramiento de modo indirecto".

"Da igual que haya o no base para impugnar un nombramiento del Gobierno, lo que se pretende al interponer el recurso contra el real decreto que acuerda nombrar al fiscal general del Estado es que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión", señalaba la defensa de García Ortiz.

Y, continuaba, "que la asociación demandante obtenga publicidad por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y socavar al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo indirecto".