La Sección Cuarta de la Audiencia de Vizcaya ha dictado una sentencia novedosa que reconoce los derechos de las mujeres que renuncian a su trayectoria profesional para dedicarse a la familia. El fallo marca un nuevo criterio para futuros casos. Esta sala le ha concedido a una mujer divorciada una pensión indefinida de 2.000 euros mensuales como compensación por dedicarse "al cuidado de los hijos y al hogar" y porque también trabajó para la empresa de su marido sin ninguna remuneración después de casarse. Los jueces le otorgan también la casa familiar, ubicada en una localidad costera vizcaína, durante los dos próximos años mientras busca un sitio donde vivir.

La afectada contrajo matrimonio en mayo de 1990 con uno de los representantes más exitosos de la producción audiovisual española. La pareja se rompió más de 20 años después y él presentó una demanda de divorcio. Después de la boda, ella, auxiliar administrativa, había dejado su trabajo de más de diez años para ayudar a su marido en su empresa. "Hacía de todo, de secretaria, de administrativa, de almacenera y me encargaba del papeleo y los asuntos jurídicos. Y él sólo creaba", recuerda la afectada.

Cuando nacieron sus dos hijos, hoy mayores de edad, se volcó en la crianza de los niños "y en mantener una familia sólida porque él pasaba mucho tiempo fuera de casa viajando". Fueron años "muy intensos", en los que el hombre alcanzó un gran éxito profesional participando en algunas de las obras más laureadas del cine español. "Su dedicación exclusiva a la familia permitió al esposo llegar a la cumbre de su carrera", argumenta la novedosa sentencia.

Al separarse, ella se quedó "en la más absoluta miseria", confiesa. Con 60 años, su formación se había vuelto "obsoleta", reconoce la sentencia, y los currículum que mandaba se desestimaban por la edad. La otra parte alegó que la exesposa había demostrado un "interés insuficiente" por encontrar una salida laboral e independencia económica, un extremo que los jueces no creen "probado". Ella asegura, por contra, que llegó a trabajar hasta "como ayudante de peluquería, uno de mis hobbies de joven" para sacar algo de dinero. "Económicamente lo he pasado muy mal. Tenía una casa buena, pero no con qué calentarla", dice.

En primera instancia, tras la disolución del vínculo matrimonial, un juez fijó una pensión compensatoria de 1.000 euros durante un año, además de la alimenticia para uno de los hijos mientras terminaba de estudiar. Asesorada por el despacho del abogado Juan Carlos Soto, la mujer recurrió esta decisión y de manera "sorpresiva", reconoce, los jueces le han reconocido sus años de sacrificio duplicando la cuantía, convirtiéndola en vitalicia y otorgándole además la vivienda, que no se había asignado a ninguno de los cónyuges en la primera sentencia.