Encontrar una casa se ha convertido en un problema para muchos navarros, pero las dificultades no son iguales para todos. Hay quienes, pese a tener trabajo y un sueldo estable, no pueden plantearse comprar un piso; quienes destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler; propietarios que temen no poder recuperar un inmueble; familias que encadenan mudanzas; o personas que encuentran obstáculos añadidos por su edad, su origen o incluso por tener una mascota. Diario de Navarra ha pedido a sus lectores que cuenten sus experiencias personales y los primeros testimonios recibidos muestran situaciones muy diferentes, aunque con un denominador común: la dificultad para encontrar una solución residencial estable y asumible. Cuéntenos también su caso en la encuesta que acompaña a este reportaje.

Un padre de 40 años, casado y con dos hijos gemelos de cinco, cuenta que los cuatro viven en un piso de 46 metros útiles y que, pese a ello, no encuentra opciones dentro de la oferta protegida. Critica la falta de ayudas y de oferta que, a su juicio, ha sufrido su generación: “Mi generación se ha comido todas las pestes de gobiernos anteriores y actuales: sin deducciones, sin incentivos, sin oferta, con precariedad laboral, subidas de impuestos…”. Su conclusión es que las administraciones no están dando respuesta al problema.

Otro lector pone el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva incluso entre quienes cuentan con un empleo público. Cuando comenzó a preparar una oposición, explica, el sueldo al que aspiraba equivalía a 2,5 veces el salario mínimo; ahora, asegura, supone 1,6 veces el SMI, mientras que “la vivienda se ha duplicado en zonas rurales”. Actualmente vive en una casa ajena sin pagar alquiler, una situación que dice que le “desborda emocionalmente” porque no puede elegir dónde vivir. Sus padres, añade, tienen un piso arrendado que necesitarían recuperar para él, pero no pueden prescindir de los ingresos que reciben por él.

La imposibilidad de comprar pese a llevar años trabajando aparece también en otro de los testimonios. Un lector que comenzó a trabajar a los 19 años recuerda que su primer sueldo fue de 950 euros y que ahora, con 30 años, cobra 1.400. “Me es imposible comprar una casa o pensar en hacer un proyecto de vida”, afirma. Asegura haber encontrado pisos de una habitación por los que se piden 300.000 euros y se pregunta: “¿Cómo se supone que accedo a una vivienda con 1.400 euros? ¿Cómo pago un alquiler de 900, 1.000 o 1.200 euros con mi salario?”. Hasta el punto de que se plantea marcharse a otro país: “Aquí no puedo, y es triste, muy triste”.

También hay propietarios entre quienes han respondido. Una lectora explica que compró un piso que actualmente tiene alquilado mientras ella misma reside de alquiler. De origen búlgaro, su intención era regresar a su país cuando se jubilara y por eso decidió arrendar su propiedad. Ahora teme qué ocurriría si tuviera que abandonar la casa en la que vive: “No quiero pensar si me dicen que deje el piso donde estoy, que no es mío”. Asegura que en su propiedad “se han metido dos familias” y considera que le resultaría muy difícil recuperarla.

Otro testimonio se remonta a la adjudicación de una VPO en Buztintxuri en 2005. La lectora relata que ella y otros jóvenes accedieron entonces a 186 pisos que, según explica, ya habían sido construidos con dinero público. Denuncia que en la documentación figura que compraron “un realojo”, pese a que asegura que nunca habían sido propietarios anteriormente. “Teníamos 30 años y la ilusión de independizarnos”, recuerda. Resume lo vivido durante estas dos décadas con dos palabras: “Un horror”.

Especialmente detallado es el relato de una mujer colombiana que lleva siete años viviendo en Pamplona y que cuenta haber sufrido una sucesión de problemas para conseguir estabilidad en el alquiler. Según relata, el intermediario de una inmobiliaria llegó a falsificar documentación para hacer creer a una propietaria que ella era española porque “la casera no quería emigrantes”. Tras descubrirse su nacionalidad, tuvo que abandonar aquel piso y trasladarse a otro en Azpilagaña. Ahora lleva casi cinco años en su domicilio actual, por el que paga 850 euros, pero deberá dejarlo en febrero de 2027 porque la propietaria quiere alquilarlo a estudiantes. “En realidad no sé para dónde”, reconoce. Asegura que los alquileres que encuentra ya no bajan de 1.100 euros y lamenta “ver tantos pisos en construcción, tantos pisos en alquiler, pero solo para estudiantes, tanto racismo”. Pese a su situación, deja claro que no contempla permanecer en el inmueble una vez terminado el contrato: “Si no es mi casa debo saber que pagaré y me regiré por las normas y leyes que vayan saliendo de vivienda”.

El último de los primeros testimonios recibidos añade otras dos barreras: tener mascota y comprar sola. La lectora considera “imposible acceder a una vivienda en alquiler si tienes mascota” y denuncia unos precios que, en la práctica, obligan a compartir piso a quien dispone de un sueldo medio. Tampoco ha encontrado una salida en la compra, ni siquiera buscando casas de menos de 90.000 euros en pueblos. Según explica, los bancos le exigen disponer del 30% del precio, además del dinero necesario para los gastos de la operación. También asegura haber encontrado dificultades por tener más de 45 años y comprar sola. “Una vergüenza no poder acceder tampoco a la compra”, lamenta. Su diagnóstico es pesimista: “Ni alquileres asequibles ni los bancos facilitan las cosas, pero, mientras tanto, mucha vivienda vacía”.

Un padre de 43 años y cuatro hijos denuncia que el Gobierno de Navarra le ha retirado la adjudicación de una VPO en Ripagaina después de años intentando acceder a una casa en propiedad. Tras su divorcio y 13 años encadenando contratos temporales, consiguió un empleo indefinido y, en marzo de este año, le adjudicaron un piso protegido con la máxima subvención. Sin embargo, según explica, la Administración ha anulado la adjudicación porque sus hijos mayores heredaron la vivienda de su exmujer, fallecida hace cinco años. Ese inmueble está alquilado para pagar su hipoteca y una jueza había prohibido venderlo para proteger los intereses de los menores. “No podemos comprar una vivienda libre porque no podemos afrontar sus precios; no podemos comprar una VPO porque se considera que nuestros hijos son propietarios de un piso que no podemos vender”, lamenta. Después de doce años viviendo de alquiler en Sarriguren, teme que su familia tenga que abandonar la localidad. “No pedimos que se nos regale una vivienda. Pedimos que se tenga en cuenta nuestra situación real”, reclama.

Otro lector, de 48 años, cuenta que lleva más de dos décadas viviendo en Pamplona y que actualmente comparte piso con su pareja, otra pareja y su hermano. Aunque reconoce que siempre ha habido dificultades para encontrar alojamiento, considera que la situación actual es incomparable con la de años anteriores. “No llega para poder rentar un piso, con los sueldos por los suelos”, explica. Para él, independizarse y disponer de una casa propia en alquiler se ha convertido en “un lujo inalcanzable para nosotros y creo que para muchos”.

Una pareja relata la decepción que sufrió cuando estaba a punto de comprar una VPO que se ajustaba a sus necesidades y posibilidades económicas. Habían encontrado un piso en una zona que les gustaba, realizado la tasación y obtenido la aprobación bancaria para la operación. Sin embargo, cuando notificaron la compraventa al Gobierno de Navarra, la Administración ejerció su derecho de tanteo y adquirió el inmueble para destinarlo al alquiler social. “Jugaron con nuestro tiempo, dinero e ilusión”, lamentan. “La decepción fue absoluta”. La pareja continúa buscando piso.