Justicia
Quién puede solicitar un abogado de oficio y requisitos económicos
La Ley de Justicia Gratuita supone la defensa y representación gratuitas en un juicio
Publicado el 04/04/2024 a las 09:26
Un juicio es un proceso desagradable que, además de tiempo, suele requerir de grandes cantidades de dinero en busca de la propia defensa. Es por ello que existe la Ley de Justicia Gratuita, un servicio público que “garantiza el derecho a obtener defensa y representación gratuitas, de abogacía y procuraduría, cuando la persona inmersa en un procedimiento judicial acredita insuficiencia de recursos para litigar en defensa de derechos o intereses propios”, según indica la página web del Gobierno de Navarra.
Este servicio se dirige a dos grupos de personas. Por un lado, las que no tienen ingresos suficientes, tomando como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (7.200€). Gobierno de Navarra indica los límites de renta en cada caso:
- Personas que viven solas: dos veces el IPREM.
- Unidades familiares de hasta tres miembros: dos veces y medio el IPREM.
- Unidades familiares de cuatro o más miembros: tres veces el IPREM.
- Casos excepcionales según las circunstancias familiares: cinco veces el IPREM.
Por otro lado, también pueden acceder a un abogado de oficio las personas en circunstancias especiales como las trabajadoras beneficiarias de la Seguridad Social para demandas por despido o reclamación de nóminas no pagadas, víctimas de terrorismo o trata y violencia contra la mujer para procesos relacionados con estos delitos, menores de edad o personas con discapacidad psíquica víctimas de abuso o maltrato para procesos vinculados con estos delitos, y víctimas de un accidente que suponga la incapacidad laboral permanente para reclamar una indemnización por los daños sufridos.
La página web del Gobierno de Navarra recoge los servicios a los que tienen acceso los beneficiarios:
- Asesoramiento previo al proceso.
- Defensa y representación de abogacía y procuraduría durante el proceso judicial.
- Inserción de anuncios o edictos durante el proceso.
- Asistencia pericial.
- Obtención de copias, testimonios y actas.
- Reducción del 80% de los gastos derivados de las escrituras públicas, inscripciones en registros, etc.
- Exención de las tasas judiciales.
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