El Ministerio de Sanidad decidió este martes eliminar el límite de edad para administrar la vacuna de AstraZeneca, pero sólo para los trabajadores esenciales. Los miembros de estos colectivos (profesores, bomberos o policías) que tengan más de 65 años y estén en activo podrán ser inoculados con el compuesto de la farmacéutica anglo-sueca, aunque en la práctica serán pocos los que la reciban, ya que la mayoría, a esa edad, se encuentran jubilados.

Esta fue la principal decisión que tomó ayer la Comisión de Salud Pública, en la que participan el departamento de Carolina Darias y las autonomías, que también acordó administrar la vacuna de Janssen, que llegará a España el 19 de abril y que tiene la gran ventaja de ser monodosis, a mayores de 66 años, en la misma línea que las de Pfizer y Moderna.

Desde el 24 de marzo, la vacuna de AstraZeneca se administra a personas de hasta 65 años, de manera preferente a los grupos considerados esenciales después de que el Consejo Interterritorial de esa semana ampliara el tope de la franja de edad, que hasta entonces se limitaba a los 55 años. Pero este compuesto sigue ofreciendo dudas entre quienes deben recibirlo. El 15% de los profesores de Castilla-La Mancha ha rechazado vacunarse con AstraZeneca, según informó ayer la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, que calificó la cifra como “poco significativa”. En total, 4.000 de los aproximadamente 25.000 profesores que han podido inmunizarse hasta ahora en esta comunidad con la fórmula de AstraZeneca rechazaron la inoculación. "Es rechazo muy bajo", indicó Rodríguez.

Sanidad no piensa por ahora ofrecer alternativas a las personas que rechacen la vacunación con AstraZeneca. “Esa es una cuestión no contemplada en la estrategia. En principio, si no se vacunan, por ahora no se vacunarían”, afirmó la ministra Darias el 22 de marzo, aunque será cada comunidad autónoma la que decida qué hacer con los que no quieran vacunarse con el compuesto anglo-sueco.

El Gobierno acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de salud de Galicia, que plantea la obligatoriedad de vacunarse contra la covid-19. Según el Ejecutivo, la norma realiza modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los ministerios.