Medio centenar de presos de ETA han sido acercados a cárceles próximas al País Vasco, e incluso de la propia comunidad autónoma y Navarra, durante los dos años de Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de reclusos que, al menos en su mayoría, cumplen los requisitos exigidos de haberse desmarcado de la violencia, haber reconocido el daño causado y asumir la legislación penitenciaria. Además, al menos nueve de ellos han accedido en este tiempo al tercer grado penitenciario o de semilibertad.

El Ejecutivo socialista cumple así su compromiso de modificar la política penitenciaria que mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy, si bien la izquierda abertzale lo juzga "insuficiente". "Da la impresión de que hay cierto movimiento, pero no se puede hablar de una nueva política penitenciaria. No hay un cambio efectivo", subrayan fuentes del entorno de los presos, que denuncian que en los últimos meses se les haya excluido de las excarcelaciones para combatir la propagación del coronavirus en las cárceles.

Todo lo contrario opinan las asociaciones de víctimas, que afirman que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ha dado un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo" durante su mandato, y especialmente en este 2020, al haber "acelerado" los acercamientos, incluir en ellos a reos con delitos de sangre y haber trasladado a presos en segundo grado a las cárceles de Pamplona y Martutene, "incumpliendo sus compromisos con las víctimas", denuncia la AVT.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Tras un primer año de Gobierno en el que se produjeron en torno a 25 acercamientos, siguieron seis meses sin apenas movimientos coincidiendo con la crisis política en España y la repetición electoral.

En diciembre de 2019, el anuncio del traslado de Joseba Arregi Erostarbe Fiti de Alicante a Asturias, y la concesión del tercer grado a Gorka Fraile y su desplazamiento a Pamplona, materializados ambos en enero, abrieron una nueva fase de movimientos que se ha intensificado a partir de mayo, una vez superada la fase más dura del confinamiento.

En este tiempo, se han aprobado cerca de una treintena de traslados y progresiones de grado. Se han producido además algunos hechos destacados, como el primer acercamiento de un condenado por delitos de sangre, el mencionado Arregi Erostarbe, al que luego han seguido al menos otros tres.

Junto a esta medida, se ha normalizado la concesión de terceros grados. De los nueve aprobados en la era Sánchez, siete lo han sido entre abril y julio. Los otros dos, reconocidos en 2019, ya están en libertad. El resto de presos cumple la fase final de sus condenas en el País Vasco.