Una alimentación que incluye con relativa frecuencia grasas saturadas, productos industriales procesados, azúcares añadidos y harinas ultra refinadas pasa una factura a la salud que, a medio plazo, es difícil de saldar. Pero ahora, el coste a asumir también será económico: alimentarse mal saldrá más caro. El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, así lo hizo público esta semana. Anunció la necesidad de tomar medidas de distinta naturaleza contra los alimentos menos saludables y en "dos o tres semanas" hará públicas las líneas maestras de la estrategia de su departamento.

Queda claro que la conocida como 'comida basura' está en el centro de la diana del nuevo Gobierno. ¿El objetivo? Contrarrestar el avance de la obesidad, ya catalogada como epidemia, y las demás enfermedades que provoca. Es un nuevo mal endémico de toda la sociedad occidental desarrollada. Y en España, el último estudio oficial publicado habla de un 25% de la población obesa o con sobrepeso. Entre las medidas citadas se encuentra más formación para la población y mejor información, a través, por ejemplo, del etiquetado de los alimentos. Pero la que más resonó fue otra: la de gravar con impuestos los alimentos menos saludables. No concretó. Solo dijo que sí era una medida que contemplaban, que estaban "estudiando". Pero a falta de datos, y según la experiencia de otros países europeos, las bebidas azucaradas están en primera línea del debate.

La industria de la alimentación no ha tardado en reaccionar a la declaración de intenciones del ministro. Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de la Alimentos y Bebidas (FIAB), declaró a este diario que "nunca como ahora ha habido una oferta de productos tan segura, variada y adaptada a gustos, necesidades y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos", al tiempo que manifestó su rechazo a las medidas fiscales. "No hay evidencia científica de que este tipo de medidas sean eficaces, ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos", dijo. En su opinión, el único afán de estas medidas es recaudatorio y aboga más por la formación y la información al consumidor, para lo que se presta a colaborar con el nuevo Gobierno en todo lo necesario.

El colectivo médico piensa lo contrario: desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que siempre ha defendido los impuestos como una vía efectiva para rebajar las tasas de obesidad de la población, hasta los médicos de Familia. Estos últimos son tajantes: "Un impuesto podría ayudar a reducir a medio plazo la prevalencia de obesidad y diabetes en la población".

LOS MÉDICOS, A FAVOR

Rodrigo Córdoba, coordinador del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), cree que la introducción de bebidas azucaradas en la dieta es uno de los elementos que más significativamente ha construido al aumento de la tasa de obesidad. "Una lata de refresco tiene 35 gramos a azúcar y se corresponde con 140 calorías", pone como ejemplo. ¿En qué se basan para defender el impuesto? "En los informes de la OMS que señalan que la simple ganancia de peso es un factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades como la diabetes". Y ponen como ejemplo el tabaco. "Por cada 1% que aumenta el precio, disminuye la demanda total (consumo y prevalencia) con una reducción del 0,37% en adultos y del 0,74% en jóvenes", recuerdan.

La otra medida clave para el nuevo Gobierno es mejorar el etiquetado de los alimentos. En esta misma línea se pronuncian los miembros de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (Sedyn), que pidieron que se dé prioridad a implantar el Nutriscore, que cataloga a los productos con colores en cinco niveles, del verde al rojo, para identificar su calidad nutricional. Esta forma de etiquetar ya existe, pero aún no es obligatoria para las empresas. Desde el Gobierno se emprendieron otras medidas como el plan para la reducción de las cantidades de azúcar añadido en los alimentos, al que ya se han adherido voluntariamente 20 federaciones y cuyos resultados, según afirma Sanidad, está previsto analizar y publicar a finales de 2020.

LOS RESULTADOS DE DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN CATALUÑA

Desde junio de 2017, Cataluña grava con un impuesto las bebidas azucaradas. De mayo a diciembre de ese mismo año, fueron recaudados 22,7 millones de euros . Al año siguiente, casi se duplicaron. De cualquier modo, el objetivo de las autoridades era el de reducir el impacto en la salud de la población. En ese corto periodo de tiempo, según un estudio de la Universidad Internacional de Barcelona, el consumo de este tipo de alimentos se había logrado reducir en un 2%. "El impacto solo se ve a largo plazo", advierte el colectivo médico para defender la medida.