Podemos no quiere dejar pasar la oportunidad de sacar rédito político a la crisis institucional generada en el Tribunal Supremo a cuenta del impuesto hipotecario. Este martes presentó una querella por un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) contra el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, por su gestión tras conocer la sentencia firme que atribuía al banco y no al cliente el abono de dicho tributo. La querella fue presentada ante la Sala Segunda (de lo Penal) y solicita, además, la suspensión del pleno de lo contencioso convocado por Díez-Picazo para el 5 de noviembre. En ese pleno de la Sala Tercera, formada por 31 magistrados, debe decidirse si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

A juicio del escrito de Podemos, el presidente de la Sala dictó una resolución jurisdiccional "motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia, motivado por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española". Y lo hizo "en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras".

"No es aceptable socialmente ni justificable jurídicamente", prosigue el escrito, adoptar decisiones "totalmente contrarias a derecho y que atentan contra la independencia judicial, que sirven exclusivamente a intereses económicos particulares de las entidades financieras y que en nada benefician el interés social".

Por ello, Podemos solicita investigar "los motivos reales y espurios" que han guiado la actuación de Díez-Picazo y recuerda las informaciones periodísticas que apuntan que el juez ejerció la docencia en 2015 y 2016 en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, dependiente de la Asociación Española de Banca.