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El 'caso Villarejo' destapa la violación masiva de archivos policiales sensibles

Asuntos Internos revela que el comisario jubilado hizo más de un centenar de consultas ilegales en, al menos, cuatro bases del Ministerio

El comisario José Manuel Villarejo, tras prestar declaración en el juzgado de Estepona (Málaga) en 2016.

El comisario José Manuel Villarejo, tras prestar declaración en el juzgado de Estepona (Málaga) en 2016.

EFE
24/09/2018 a las 06:00
  • colpìsa. madrid
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El 'caso Villarejo' ha destapado -ahora de manera oficial y fehaciente- una realidad conocida desde hace años en el Ministerio del Interior: el uso fraudulento de las bases de datos policiales para asuntos ajenos a las investigaciones que, en ocasiones, se hace por parte de algunos funcionarios sin escrúpulos.


El comisario jubilado José Villarejo, según los informes de Asuntos Internos a los que ha tenido acceso este periódico, se valió de la falta de control en los accesos a estos ficheros confidenciales para hacer consultas ilegales de manera masiva en, al menos, cuatro de estas bases, aunque los investigadores consideran que pudieron ser muchas más. Y todo para hacer negocio con esas informaciones. Los diferentes profesionales de la Policía y la Guardia Civil y los técnicos de seguridad consultados apuntan a que el acceso irregular a estos archivos no es una práctica generalizada, aunque admiten que las entradas no se controlan previamente porque una supervisión 'a priori' y la burocracia que acarrarían estos filtros provocaría el "bloqueo" de miles de investigaciones, que se basan en el cotejo y cruce de datos de sospechosos. Tampoco hay una auditoría periódica y posterior para determinar si las búsquedas realizadas por cada agente tenían que ver con sus investigaciones. Eso sí, cada consulta viene registrada y deja rastro personal del funcionario que la realiza, pero solo se investiga si hay denuncias o sospechas de irregularidades.


No todos los funcionarios tienen acceso a todas las bases; depende de su rango y, sobre todo de su destino. Los agentes de los servicios de Información y de Policía Judicial son los que, habida cuenta su tarea, tienen más privilegios. Y de dos de estos funcionarios (al menos) son de los que tiró Villarejo en 2017, un año después de marcharse de la Policía, tras jubilarse. Los atestados de Asuntos Internos incorporados a la 'pieza Proyecto Pintor' -la investigación sobre el supuesto intento de chantaje que salpica a Juan Muñoz (marido de Ana Rosa Quintana) y su hermano Fernando- revelan que el comisario entregó a los hermanos Muñoz un voluminoso informe el 14 de junio de 2017 titulado 'Prospectiva' plagados de datos confidenciales en poder del Ministerio del Interior. En ese documento, de 170 páginas, Villarejo incluyó informaciones confidenciales extraídas semanas antes de cuatro bases policiales diferentes, tal y como reconoce en su informe el propio comisario jubilado. En ese dossier encontrado en poder de los Muñoz -y en el que se buscan puntos débiles de un empresario con supuestas deudas con Fernando Muñoz y el abogado de este acreedor- Villarejo usó datos de la más sensible y completa base policial: la aplicación 'Argos', un potente buscador del CNP, en el que figuran, entre otros, antecedentes, titularidad y robo de vehículos, objetos sustraídos y reclamaciones judiciales. Según la investigación de Asuntos Internos, los dos 'topos' de Villarejo en la Policía hicieron 72 consultas en Argos entre el 9 de marzo y el 28 de abril del pasado año para recabar datos confidenciales, no solo del supuesto 'deudor' y su abogado, sino de familiares y allegados de ambos. Los datos acabaron con todo lujo de detalles en el informe entregado a los Muñoz y que ya obra en poder de la Audiencia Nacional.

 En ese dossier -y así se reconoce expresamente en el mismo- hay informaciones provenientes igualmente de la base 'Sidenpol' (Sistema de Denuncias Policiales), el fichero del CNP en el que se pueden consultar las denuncias en centros policiales de toda España y que contiene datos como teléfonos, domicilios y hechos y personas denunciados. En esa base, Villarejo y sus hombres hicieron 43 consultas solo en el marco de la 'operación Proyecto Pintor' en idénticas fechas de los accesos ilegales a 'Argos'. El documento de Villarejo contiene violaciones de dos archivos policiales más, aunque el informe de Asuntos Internos no identifica cuántos accesos indebidos se produjeron ni quiénes fueron los autores. Así, el comisario jubilado usó también la base de datos 'Control de Hospederías', que recoge las estancias en establecimientos hosteleros. En su dossier aparecen las fechas y lugares en los que se hospedaron tanto el presunto 'deudor' de los Muñoz como su letrado.

El cuarto fichero violado es el de 'Entradas y Salidas' del país. Villarejo incluyó en su informe confidencial los pasos por la frontera del aeropuerto de Barajas del abogado, proveniente de los archivos oficiales del Ministerio del Interior. Los dos policías identificados que violentaron las bases de datos a petición de Villarejo o sus contactos son un subinspector de la Comisaría General de Información y un policía destinado entonces en Granada y que ahora está en la plantilla de Málaga. Ambos declararán como investigados por un delito de revelación de secretos el 25 de septiembre.

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