La polémica sobre la envergadura de la supuesta malversación durante el 'procés' crece. Ya no es solo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que asegura que el referéndum ilegal del 1-O no se pagó con dinero público. La Unidad de Policía Judicial de la VII zona de Cataluña de la Guardia Civil admite en un informe remitido al Tribunal Supremo que no tiene pruebas concluyentes para probar buena parte del presunto desfalco de fondos en la intentona secesionista de otoño. El instituto armado, en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y fechado el pasado 27 de marzo, no obstante, eleva en este último estudio de 1.602.001 euros a 1.915.067 la supuesta malversación. Pero acto seguido expresa, sin ambages, sus dudas hasta terminar por admitir que sus investigadores solo tienen prueba documental de que la décima parte de esos casi dos millones salió del presupuesto de la Generalitat.

En su último estudio, la Guardia Civil apunta a que la gran partida supuestamente malversada durante el 'procés' fueron 979.661 euros, más 651 euros de reparto, que presuntamente la Generalitat gastó en la elaboración de material electoral y su entrega a la empresa Unipost. Los investigadores recuerdan que en los registros en los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Presidencia se hallaron facturas exactamente por esas cifras.

"NO SE HAN REGISTRADO" 

Pero el informe apunta a que esos supuestos gastos no habría salido de las arcas públicas porque "no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas". Fuentes de la investigación señalaron el miércoles que era precisamente a este dato al que se refería Montoro en la entrevista por la que el juez Llarena le ha pedido explicaciones. El informe va más allá y revela que Unipost intentó, sin éxito y en dos ocasiones, cobrar al menos las facturas (con IVA) que giró contra el Departamento de Trabajo. En total, 238.965 euros que se quedaron sin pagar.

En la misma línea de duda, la Guardia Civil admite que los 61.870 euros de la cartelería, con el logo de la Generalitat, llamando a participar en el referéndum fueron pagados por Omnium Cultural. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que el Govern pudiera haber desviado ese dinero a la entidad que dirige Jordi Cuixart, pero no aportan datos.

Parecido es el caso del acto a favor del referéndum del pasado 4 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña. Fueron 17.690 euros. El contrato fue firmado por el consejero de la Presidencia Jordi Turull, pero -admite el informe- fue pagado por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí. Los investigadores insinúan la posibilidad de que "este grupo pudo emplear dinero de subvenciones públicas para la presentación del refereréndum".

Las partidas malversadas que son acreditadas de forma fehaciente por la Guardia Civil en este último informe son poco más de la décima parte de los 1,9 millones. Las pruebas más consistentes salpican a la Consejería de Exteriores y a su exresponsable Raül Romeva. Diplocat, el pretendido 'Ministerio de Exteriores' catalán abonó de sus arcas públicas 119.700 euros a los supuestos observadores del 1-O (más la promesa de otros 47.365 euros adicionales, que no se sabe si se pagaron). A este importe, hay que sumaria los 40.591 euros que el departamento de Romeva desembolsó en vuelo y hoteles para esos supuesto expertos de The Hague Center for Strategic Studies.

Sí hay también indicios para sostener que la Generalitat camufló en partidas menores de material informático otros gastos del 1-O. Todo ello al margen de que la Guardia Civil avisa en el informe de que sigue investigando la malversación, a pesar de que Llarena cerró la instrucción el pasado 23 de marzo.