La velocidad en las carreteras convencionales -de un carril en cada sentido- verán reducida su velocidad máxima de 100 a 90 km/h. Esta es una de las apuestas principales de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el borrador para reformar la Ley de Seguridad Vial. La medida no es nueva, también la barajó el Gobierno del PP durante la pasada legislatura, solo que en aquella ocasión además se quería elevar la velocidad máxima en autovías y autopistas a 130 km/h. La medida chocó contra el criterio del Consejo de Estado, que paralizó la reforma.

El máximo responsable de la DGT, Gregorio Serrano, viene insistiendo en sus últimas comparecencia en esta reducción de la velocidad. No es una iniciativa nueva en Europa. Francia ha rebajado recientemente la máxima de 90 a 80 km, aunque mantiene los 130 km/ en autopistas y autovías.

Serrano considera que "muchas veces no hay coherencia entre la velocidad y el tipo de vía", sobre todo si la carretera está en buen estado, lo que lleva a los conductores a exceder los límites. En todo caso, el director de la DGT avanza que en algunos tramos podría dejarse en manos de los titulares de las carreteras -Estado, comunidades autónomas o diputaciones- el criterio para aumentar la velocidad a 100 km/h, si el trazado y conservación lo permitieran.

La reducción de la velocidad choca con el criterio de las asociaciones de conductores. El Real Automóvil Club de España (RACE) recuerda que cuando el Gobierno socialista bajó en 2011 la velocidad de 120 a 110 km/h en autopistas y autovías la medida "se mostró estéril a la hora de reducir la siniestralidad". Por el contrario, el RACE reclama una "mayor y mejor inversión en infraestructuras" como medio para reducir los accidentes de tráfico. En este sentido, la Asociación Española de la Carretera -donde la que están representadas las constructoras- denuncia que los Presupuestos Generales contemplan una reducción del 4,3% en la partida destinada a conservación de carreteras, pasando de 958,1 millones de euros en 2017 a 917 millones en 2018. La caída afecta sobre todo a las obras de rehabilitación y conservación, que en 2017 estaban dotadas con 271 millones de euros que se quedan ahora con 210 millones.