La nueva ley de memoria histórica que registró el PSOE en el Congreso el pasado mes de diciembre corre el riesgo de convertirse en papel mojado. El Gobierno comunicó el miércoles, al límite del plazo, que ejercerá el derecho de veto que le concede la Constitución sobre aquellas iniciativas parlamentarias que suponen "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios". Ahora será la Mesa de la Cámara baja la que tendrá que decidir si considera o no fundado el bloqueo, lo que, en la práctica, sitúa la pelota en el tejado de Ciudadanos.

La proposición de ley socialista -reforma de la impulsada hace ya diez años por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero- contempla, entre otras cosas, que el Estado asuma la obligación de localizar, identificar y exhumar a las cerca de 100.000 desaparecidos que, según las estimaciones, permanecen en fosas comunes y cunetas de toda España. También pretende garantizar indemnizaciones a las familias, aún no compensadas, de quienes murieron "en defensa de la democracia" entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 y reparar el daño a quienes sufrieron incautaciones de bienes o sanciones económicas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1945 o a sus herederos, en caso de que ya hayan fallecido.

El Gobierno calcula que el coste de estas y otras medidas contempladas en la propuesta ascendería a más de 213 millones de euros y apunta que esa cantidad rebasa la partida que cada año se consigna en los Presupuestos para cumplir con la normativa en vigor. Partida que considera "suficiente". "El PP -recriminó ayer el responsable de Justicia del PSOE, Andrés Perelló- , no quiere que se cierren definitivamente las heridas de la Guerra Civil".

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, volvió su mirada hacia Ciudadanos y le reclamó que no apoye a los populares en esta decisión. "Entendemos que ese veto manifiesta una vez más el desprecio del Gobierno de Rajoy a las políticas sociales y garantía de los derechos", adujo. El partido de Albert Rivera defiende que el veto es constitucional y que sólo es rechazable en casos en que no esté debidamente justificado. Hasta ahora sólo se ha opuesto a dos de 50 planteados.