Mariano Rajoy descargó un puñetazo en la mesa y respondió a la declaración de independencia aprobada por el Parlament con una convocatoria de elecciones en Cataluña el 21 de diciembre. Un golpe de efecto conocido por muy pocos y que cogió por sorpresa al Gobierno de Carles Puigdemont, reunido en ese momento en el Palau de la Generalitat para diseñar la estrategia frente al plan de intervención de su autogobierno.

El júbilo soberanista por la segregación dio paso a la estupefacción ante una reacción que no entraba en ninguno de los escenarios que manejaba el Gobierno catalán y el movimiento separatista.

El jefe del Ejecutivo no tardó ni un minuto en ejercer su competencia de máxima autoridad de Cataluña tras la destitución de Carles Puigdemont y, después del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó las medidas para intervenir la Generalitat, disolvió el Parlament para convocar elecciones "libres, limpias y legales, que puedan restaurar la democracia" en Cataluña cuatro días antes de Navidad.

Una decisión llevada en secreto y que solo conocían su círculo más cercano, incluida la vicepresidenta, el líder del PSOE, una confianza en Pedro Sánchez que da una idea del grado de complicidad que han tejido en las últimas semanas, y el de Ciudadanos, Albert Rivera.

Fue el colofón a nueva jornada frenética, en la que con un intervalo de 43 minutos el Parlamento de Cataluña y el Senado de España tomaron hoy dos decisiones que se recogerán, estas sí, en los anales de la historia. La Cámara catalana, con el único apoyo de los separatistas, alumbró "la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".

El Senado aprobó por primera vez en su historia, y con la aplastante mayoría de PP y PSOE, el plan de intervención de la Generalitat de Cataluña que materializó horas después el Consejo de Ministros. Pero faltaba el colofón, la exhibición de autoridad, según Rajoy, frente a "los partidarios de cuanto peor mejor, los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida".

La leyenda que corre de que el líder del PP es un político aferrado a que el transcurso del tiempo solucione los problemas o de que es remiso a tomar decisiones drásticas sufrió hoy un duro golpe. Y aunque el presidente del Gobierno se cuidó de precisar que con su enérgica respuesta "ni interviene" ni "recorta" el autogobierno de Cataluña, unas palabras que en absoluto compartieron en el Palau de la Generalitat ni en el PDeCAT y Esquerra, donde se consideró que era "una injerencia inadmisible", dijo un diputado cercano a Puigdemont.

Pero el Gobierno catalán carece ahora de resortes jurídicos para tratar de anular la decisión de Rajoy una vez que todos sus miembros han sido destituidos y el Parlament disuelto. Ni el Ejecutivo catalán ni la Cámara legislativa pueden recurrir al Constitucional ni a otro tribunal ni a la Junta Electoral Central.

Las fuerzas soberanistas se plantean ahora si se presentan a esos comicios. Hay argumentos a favor y en contra del boicot, y mientras los contrarios a competir en las urnas arguyen que así se restaría legitimidad al Parlament que salga elegido, los partidarios de concurrir defienden que no se puede enterrar el proyecto soberanista y dejar toda la Cámara en manos de los partidos constitucionalistas. Un debate que se recrudecerá en los próximos días y cuyo desenlace es en este momento incierto.

SILENCIO EN EL PALAU

El Ejecutivo de Puigdemont calló y no dio una respuesta oficial ni a su destitución colectiva ni a la convocatoria de elecciones. Tras la reunión informal que mantuvo Puigdemont con sus consejeros en el Palau de la Generalitat, el president abandonó el edificio por una puerta lateral y enfiló, todavía en su coche oficial, rumbo a su domicilio en Girona.

Su marcha desmintió los rumores que corrieron durante el día de un atrincheramiento épico en las dependencias oficiales mientras la plaza de Sant Jaume estaba blindada por una multitud que rodeaba la sede de la Presidencia de la Generalitat. La gente estaba en su sitio, el presidente, no.

Se cerraban así otras 24 horas de tensión y sobresaltos. Ni el Gobierno de Puigdemont ni las fuerzas soberanistas quisieron darse por enterados a primeras horas de la noche del despido en masa ni de la convocatoria electoral. La jornada iba a ser una fiesta para poco más de la mitad de los parlamentarios del Parque de la Ciudadela de la capital catalana, mientras todo lo contrario acaecía en el edificio de la madrileña plaza de la Marina Española, en sus tiempos sede del Consejo Nacional del Movimiento franquista, donde las caras serias copaban el paisaje.

Las tornas cambiaron a primera hora de la noche. El soberanismo se jactó tras la votación del Parlamento de su éxito político, pero aceptaba que no se trataba, en puridad, de la independencia de Cataluña aunque la imprecisión del lenguaje haya elevado a esa categoría la apertura del proceso constituyente hacia la república catalana. Saben que han aprobado un deseo que dista mucho de ser una realidad, sobre todo tras las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.

El expresidente Artur Mas, y lo suscriben muchos en las filas de la secesión, ya avisó que declarar la independencia es la nada si ningún país te reconoce ni tienes el control del territorio ni posees una estructura estatal. Tres requisitos que Cataluña incumple de cabo a rabo, y que todo apunta a que será imposible que los satisfaga después de la respuesta de Rajoy.