Han tenido que pasar ocho años. Ocho inviernos enteros de facturas de luz desbocadas, de carros de la compra que se han vuelto un artículo de lujo en los supermercados de Pamplona y de alquileres que en la Comarca de Navarra ya devoran más de la mitad de un sueldo joven. Durante casi una década, el panorama laboral y social de este país ha sufrido sacudidas de todos los colores, pero los megáfonos de las sedes sindicales mayoritarias permanecían extrañamente guardados en el armario. Hasta hoy. De repente, este otoño de 2026, a las puertas de un nuevo año, las calles se preparan para una huelga general. Y la pregunta que nos hacemos en cualquier barra de bar de nuestra comunidad es inevitable: ¿por qué ahora?

Mirar el calendario ayuda a entender casi todo en la política española. No nos engañemos, la coincidencia temporal es, cuanto menos, sospechosa. Llevamos años escuchando que “no es el momento”, que “hay que arrimar el hombro” o que “estamos negociando en las mesas de diálogo”. Sin embargo, con las elecciones generales asomando en el horizonte, a los sindicatos les ha entrado una prisa repentina por recuperar la calle. El miedo a perder la influencia, el temor de las siglas gubernamentales a un castigo masivo en las urnas debido al desgaste social y la necesidad de soltar lastre ante el descontento ciudadano parecen haber activado un resorte que llevaba oxidado desde 2018.

Es precisamente esa tardanza la que genera desconfianza en el ciudadano de a pie. Cualquiera que madrugue en Navarra para abrir su negocio o ir a la fábrica se pregunta dónde estaban estas convocatorias cuando la inflación ahogaba las economías familiares o cuando los jóvenes se resignaban a no poder emanciparse. Activar las protestas justo cuando el ciclo político agoniza huele inevitablemente a una estrategia de contención: escenificar un enfado monumental para canalizar la frustración de la gente, evitar que el descontento se desborde por libre y, de paso, blindar posiciones ante el reparto de poder que se avecina.

El motivo de la protesta - la vivienda digna y la defensa de los salarios- es incuestionable; cualquier navarro sufre esa realidad al intentar pagar su mes a mes. Lo que chirría, lo que despierta el escepticismo de la calle, no es el qué, sino el cuándo. El derecho a la huelga es una herramienta sagrada de los trabajadores, pero pierde fuerza cuando se percibe que los tiempos no los marcan las necesidades de la gente, sino las urgencias electorales y el miedo a la papeleta ajena.

Ojalá esta movilización sirva para cambiar cosas reales y no se quede en un mero acto de campaña adelantado. Porque la ciudadanía está cansada de ser el escenario de las tácticas de unos y otros. Si hay razones para salir a la calle - que las hay, y de sobra-, las había el año pasado, hace dos y hace tres. Romper un silencio de ocho años justo cuando se acercan las elecciones obliga a una reflexión seria: la calle no puede ser un grifo que se abre o se cierra según le convenga al despacho de turno.