Quienes tienen responsabilidades políticas, a cualquier nivel -nacional, regional, municipal- no deben subestimar que la administración pública está esencialmente al servicio de la sociedad civil.

En la democracia participativa, como es nuestro caso, la ciudadanía no puede considerarse un mero apéndice de la comunidad política: al contrario, ella tiene la preeminencia, ya que es precisamente la sociedad civil quien ejerce la soberanía a través de sus representantes elegidos mediante sufragio universal; y cuya búsqueda de soluciones a los problemas sociales deberían estar basadas en la voluntad de los ciudadanos.

La comunidad política y la sociedad civil son interdependientes y, en orden al bien común, precisan de un dialogo recíprocamenete transparente asentado en aquellos valores que nos inclinan a decir siempre la verdad sin falsear la realidad: la veracidad, sinceridad o franqueza. Cuando cualquier ciudadano introduce su voto en las urnas lo hace de forma inequívoca a un determinado grupo político, sin doblez ni engaño.

Sin embargo, muchos políticos no muestran reparo en mentir reiteradamente en público, con total desparpajo, sin sonrojarse y, lo que es peor, cuando se les descubre no tienen el pundonor de rectificar la falsedad de sus declaraciones.

Además, en la mentira, junto a su inherente perversión moral, subyace la intencionalidad de negar, ocultar o disfrazar la verdad a quienes la democracia les atribuye la titularidad del poder: al conjunto de la ciudadanía; relegando a la sociedad a sentirse una mera “clientela electoral” susceptible de ser engañada..

En suma, la mentira como herramienta política distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas e introduce una creciente desconfianza con las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones.

Teodoro Durá Travé