Una vez más, la Ribera vuelve a sentirse engañada por el Gobierno central y por el de Navarra con el asunto de la estación del AVE en Tudela.

Resulta incomprensible que, después de mantener durante veinte años una postura clara, el partido socialista en enero del pasado año cambiaran de criterio y plantearan la elaboración de informes para decidir qué opción era más conveniente: sacar la estación fuera de la ciudad, como ya estaba previsto, o adecuar la actual en el centro de Tudela.

Lo verdaderamente indignante es comprobar que este último año parece haberse dedicado no a estudiar de forma objetiva la mejor solución, sino a buscar una justificación para ese cambio de criterio. Los informes deberían ser propositivos y técnicos, no meramente justificativos de una decisión tomada de antemano.

No se puede defender esta postura apelando únicamente a la comodidad de algunos vecinos del centro, mientras se ignora que media Tudela, el barrio de Lourdes, la zona del nuevo vial de Merindades y el futuro barrio de Gardachales, quedaría más cerca de una estación exterior que de la actual. Lo mismo ocurre con los vecinos de los pueblos de la Ribera, que tendrían un acceso mucho más sencillo a una estación situada en las afueras que a otra que les obligue a entrar en el centro y contribuir todavía más a su colapso circulatorio.

Tenemos, además, un ejemplo muy claro en el Hospital Reina Sofía. Nadie discute hoy que su ubicación fuera del casco urbano fue una decisión acertada, precisamente porque está bien conectada y responde al interés general.

Y ese debe ser el criterio principal: el interés general. Tudela necesita, tanto desde el punto de vista técnico como urbanístico y estético, liberarse de las vías que atraviesan la ciudad, la separan del Ebro y generan ruido, barreras y contaminación. Además, la adaptación de las vías actuales para este proyecto parece una solución mucho más compleja y limitada. Todo apunta, además, a que si se mantiene la estación en el actual emplazamiento, Tudela acabará teniendo una estación de segunda categoría, en la que solo pararán los trenes expresamente programados, mientras muchos otros pasarán de largo. Y lo peor es que la ciudad quedaría condicionada y mutilada para siempre.

Por eso cuesta no pensar que la decisión final, aunque no se explique con claridad, responde más al ahorro presupuestario y al interés político de torcer el brazo al señor Toquero, es decir, a UPN, que a una verdadera voluntad de defender lo mejor para Tudela y para la Ribera. Sería, una vez más, sectarismo político a costa del interés de todos.

Confío en que se imponga el sentido común de la mayoría de los riberos y que todavía estemos a tiempo de revertir una decisión injusta, arbitraria y profundamente perjudicial para nuestra tierra.