Hoy en día resulta evidente que los inmigrantes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿Quiénes cuidan de nuestros mayores y de las personas dependientes? ¿Quiénes sostienen sectores como la hostelería, el campo, la construcción o el servicio doméstico, oficios que cada vez menos personas quieren cubrir? A pesar de su importancia, la realidad a la que se enfrentan miles de inmigrantes en España es dura y, en muchos casos, incomprensible.

Especialmente para nuestros hermanos latinoamericanos, la espera para iniciar un proceso de regularización puede prolongarse entre dos y tres años. Durante ese tiempo, quienes tienen más suerte logran emplearse como internas o en el servicio doméstico. Pero muchos otros sobreviven en condiciones precarias: pagando alquileres abusivos por una habitación, recurriendo a albergues y trabajando por horas mal pagadas, muchas veces en situaciones de explotación, incluso por parte de compatriotas o familiares.

Cuando finalmente pueden iniciar el trámite de residencia, se enfrentan a otros seis o nueve meses de burocracia. Y solo tras conseguir un contrato laboral comienza el fin de su “ilegalidad”. Entonces, la mayoría abandona los trabajos más duros o informales y buscan oportunidades acordes a sus capacidades y proyectos de vida, como es lógico.

El problema surge para las familias y sectores que dependen de esa mano de obra: las personas mayores, los dependientes, los bares, restaurantes o pequeños negocios. La dificultad para encontrar personal cualificado y en situación legal es enorme. No se trata solo de dinero, como bien saben restauradores y familias que requieren ayuda constante, sino de un sistema que no facilita soluciones estables. Las agencias y escuelas de formación pueden aportar algo, pero no garantizan continuidad ni seguridad. Esta inestabilidad desgasta física y emocionalmente a todos los implicados.

La raíz de este problema responde, principalmente, a dos factores: la falta de medidas eficaces para acoger y regularizar a quienes vienen a trabajar y mejorar su vida -la actual lentitud burocrática solo perpetúa la irregularidad y la explotación-, y un problema educativo e institucional interno -la excesiva dependencia de subvenciones en determinados sectores de la población desincentiva el esfuerzo, la formación y la disciplina laboral, generando un sistema frágil y poco productivo-.

Las propuestas de solución para el primer factor serían agilizar urgentemente la fase de acogida y crear un itinerario claro de integración laboral. Se podría implementar un sistema progresivo de permisos: formación, que permita residir legalmente mientras se capacita en un sector específico; en prácticas, para trabajar de manera supervisada mientras completa su desarrollo profesional; y definitivo, que se obtendría tras cumplir con éxito el itinerario formativo y laboral. Este proceso ordenado beneficiaría tanto al inmigrante como al país, generando estabilidad y reduciendo la economía sumergida.

Respecto al segundo factor, solo un cambio profundo en la política de subvenciones puede revertir la cronificación de las ayudas. Cuando estas se convierten en un modo de vida, se destruye la ambición, la motivación y el amor propio de las nuevas generaciones. Las familias también deben asumir un papel activo en inculcar valores de esfuerzo y responsabilidad en sus hijos, evitando que se conformen con la mínima recompensa.

Si no actuamos pronto, las consecuencias serán cada vez más visibles: negocios cerrados por falta de personal, familias desbordadas buscando cuidadores y precios de vivienda desorbitados. La precariedad y la falta de planificación nos están pasando factura, y lo que hoy vemos en carteles de “Se busca interna” o “Cerrado por falta de personal” puede convertirse en un problema estructural aún mayor. Reconocer el valor de los inmigrantes y ofrecerles una vía justa y eficaz de integración no es solo un acto de justicia social, es una necesidad vital para la sostenibilidad de nuestra sociedad.

Alfonso Orlando Machimbarrena