La inacción de los organismos internacionales frente al régimen de Nicolás Maduro expone una verdad incómoda: la diplomacia global parece más preocupada por mantener la forma que por proteger los principios que proclamó defender. La OEA, la ONU y la Corte Penal Internacional, instituciones que se erigen como guardianes de la democracia y los derechos humanos, se muestran incapaces de mover un dedo ante la consolidación de una dictadura que arrastra a Venezuela a la miseria.

A pesar de los informes detallados sobre torturas, represión y crisis humanitaria, las respuestas de estos organismos se limitan a emitir resoluciones que no trascienden más allá de las paredes de sus elegantes sedes. Las sanciones, que se presentan como una medida de presión, no han hecho mella en el poder de Maduro, quien, al parecer, se encuentra completamente inmune a los efectos de estas condenas internacionales. Pero claro, el verdadero trabajo de estos organismos es verbo, no acción.

Es una ironía que, ante un caso tan flagrante de violación de derechos humanos, la comunidad internacional elija la inacción, el protocolo vacío y la diplomacia decorosa. Si no pueden levantar un dedo por Venezuela, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo instituciones que se quedan calladas ante el grito desesperado de un pueblo?