Hoy se cumplen 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular en San Sebastián, a manos de ETA. Tres décadas después, su figura sigue siendo el símbolo de la valentía y la firmeza de aquellos que se enfrentaron a la barbarie terrorista en los años más oscuros de nuestra historia reciente. Gregorio Ordóñez representa lo que tantos otros líderes políticos de aquella época encarnaron: la dignidad de no callar, de no ceder al miedo, de defender la libertad aun cuando ello suponía una posible sentencia de muerte.

Recordar a Gregorio no es solo un homenaje a su memoria, sino también una obligación moral en tiempos en los que la historia parece diluirse entre intereses políticos. Mientras él dio la cara, hoy asistimos con indignación a un blanqueamiento sistemático del terrorismo de ETA, un proceso que no busca justicia ni reconciliación, sino simplemente sumar votos y mantener mayorías parlamentarias. No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos del relativismo que está invadiendo Navarra y permitiendo la normalización de lo inaceptable. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, supimos que un exmiembro de ETA fue contratado para impartir clases en un instituto público de Tudela. Resulta inconcebible que alguien que perteneció a una organización responsable del asesinato de 856 personas, pueda participar en espacios educativos. Mientras que para trabajar con menores se exige, con razón, un certificado que garantice la ausencia de antecedentes sexuales, nadie parece cuestionarse que un terrorista tenga acceso a las aulas. Sin embargo, este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un problema mucho más profundo. Navarra, tierra que ha sufrido especialmente el azote de ETA, está siendo testigo de una serie de actos y decisiones que buscan normalizar lo que nunca debería ser normal. La celebración de los llamados ongi etorris, homenajes públicos a etarras que salen de prisión, es uno de los ejemplos más flagrantes. Además, por si fuera poco, también tenemos el impresentable ejemplo del caso de Bixente Nazabal Auzmendi, asesino del alcalde de Etxarri Aranatz, Jesús Ulayar, en 1979, otra prueba de esta preocupante deriva. Tras su paso por prisión, Nazabal Auzmendi actúa como representante de los socios-trabajadores de Sunsundegui, una empresa que, además, recibe ayudas públicas del Gobierno de Navarra. Este tipo de situaciones no son anecdóticas; reflejan cómo, desde las instituciones, se mira hacia otro lado cuando personas vinculadas a una organización terrorista, de la que nunca han renegado, sigan obteniendo beneficios y protagonismo en la esfera pública, perpetuando así un relato de impunidad que es incompatible con la justicia y la memoria.

¿Dónde está el origen de esta deriva? ¿En qué momento, como sociedad, pasamos de ser firmes a mirar hacia otro lado? Por desgracia, la respuesta la encontramos en la política nacional. La dependencia del actual gobierno de PSOE/Sumar de los votos de EH Bildu para sacar adelante leyes y presupuestos ha generado esta triste situación que atenta contra la memoria de las víctimas. Este tipo de alianzas no solo plantea serias dudas sobre los límites éticos de la política, sino que también normaliza actitudes y conductas que deberían ser motivo de rechazo absoluto por parte de cualquier demócrata. No se trata solo de una cuestión política, sino de principios éticos. Gobernar a cualquier precio no puede justificar el olvido ni la equidistancia entre víctimas y verdugos.

Gregorio Ordóñez no habría permitido que se blanqueara a quienes asesinaron por la espalda, a quienes quisieron imponer sus ideas con sangre. Su vida y su legado nos enseñan que no hay lugar para la ambigüedad frente al terrorismo. No hay espacio para la equidistancia, y no se puede permitir que los que no han condenado el terrorismo de ETA escriban el relato de lo sucedido. Muchos jóvenes en Navarra, País Vasco y en el resto de España consideramos imprescindible mantener vivo el espíritu de lucha y dignidad que representó Gregorio Ordóñez. Debemos exigir un compromiso político firme con la memoria de las víctimas, con la verdad y con la justicia. Los jóvenes no podemos ser cómplices del olvido ni tolerar que el precio de los espacios de poder, estatal y autonómico, sea la deshonra de quienes dieron su vida por la libertad. Hoy, más que nunca, reivindiquemos el legado de Gregorio. Hagámoslo con firmeza, sin miedo, como él habría hecho. Porque su lucha no fue en vano, y porque nuestra obligación es seguir recordándole para que nunca más se blanquee el horror del terrorismo en nuestra tierra.