Hace unos días, leí una carta en este mismo diario en la que una persona narraba su experiencia con el 112 tras una caída de su madre. Quiero comenzar expresando mi solidaridad con esta familia y mis mejores deseos para una pronta recuperación. Este relato me llevó a reflexionar sobre mi propia vivencia con el sistema de salud, que refuerza lo que esta persona expone.

En mi caso, llevo más de un año enfrentando problemas en mi cupo médico. Desde mayo pasado estamos sin médico titular, lo que nos obliga a depender de un profesional que, aunque excepcional, está cubriendo una situación insostenible. Quiero agradecer profundamente a este médico por su dedicación y humanidad, pero no puedo dejar de señalar que esto no es justo ni para él ni para nosotros, los pacientes. He intentado cambiar de médico de forma oficial, solicitando ser atendida por este profesional en quien confío plenamente. Sin embargo, el consejero de salud, Fernando Domínguez, y la jefa médica de Peralta, me han denegado esta posibilidad, ofreciéndome alternativas que no son viables debido a mi situación personal. Soy una persona con un 72% de discapacidad y movilidad reducida, lo que me impide desplazarme a otros pueblos en transporte público sin ayuda de ambulancia. Esta negación, desde mi punto de vista, vulnera mis derechos.

A todo esto, se suma la negativa constante por parte de Bienestar Social a valorar adecuadamente mi situación. Hace tiempo solicité una valoración de dependencia por las dificultades que enfrento en mi día a día, pero se me denegó con el argumento de que “no reúno los requisitos necesarios”. Esto, a pesar de que el propio profesional encargado de mi valoración reconoció que necesitaba apoyo en actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, las resoluciones siempre parecen caer en excusas y falta de respuestas claras. En otro caso, relacionado con mi salud bucal, Bienestar Social también negó la ayuda urgente que solicité, obligándome a costear una intervención grave de mi propio bolsillo. Este patrón de desatención se repite una y otra vez.

Además, he descubierto que una médica, identificada como su nombre de pila y letra inicial de apellido, accedió a mi historia clínica sin mi consentimiento. Este hecho no solo es una violación de mi privacidad, sino que agrava mi desconfianza en el sistema. A pesar de haber trasladado mi caso al Defensor del Pueblo, no he obtenido respuestas satisfactorias, y las autoridades continúan ignorando mis solicitudes. Me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que estas situaciones se repitan? He intentado agotar todas las vías posibles para solucionar mi caso, pero solo he encontrado negativas y excusas. Hoy decido hacerlo público porque no soy la única persona que sufre estas carencias en el sistema.

Por todo ello, me siento como una “ciudadana de cuarta”, atrapada en un sistema que ignora nuestras necesidades más básicas. Espero que esta denuncia sirva para que, algún día, las promesas de puertas abiertas y empatía de nuestros responsables se conviertan en una realidad y no en palabras vacías.