Tiene razón Víctor Manuel Arbeloa al decir que los libros de historia son como submarinos que raramente se ven. Y esta sería la razón por la que los navarros nada sepamos sobre una segunda Gamazada abortada, según relatan Enrique Jaurrieta y el propio Víctor Manuel, especialista en la actuación del PSOE en la II República (1931-1936) en el libro “Navarra: del Estatuto rechazado al Frente Popular”. Comienzo por hacer una precisión. Desde que en 1893, el ministro de Hacienda, Germán Gamazo, intentó suprimir la autonomía tributaria de Navarra, se entiende por Gamazada toda acción del Estado que suponga un menoscabo de la foralidad navarra. El artículo de Víctor Manuel me ha recordado que en 1968 publique mi tesis doctoral titulada “Origen y fundamento del régimen foral”. En las páginas 474-475 se trata del contrafuero al que se refieren Jaurrieta y Arbeola como “segunda Gamazada abortada”.

Relatan los autores la intensa actividad que mantuvo Fortunato Aguirre, alcalde de Estella, cuando intentó que Navarra hiciera un frente común con las Diputaciones vascas por considerar antiforales una serie de gravámenes sobre la renta, el lujo, el vino, la radio y otros. Aguirre con un pequeño grupo de alcaldes, tuvieron mayor voluntad que acierto por más telegramas que enviaran. Olvidaban que la automía fiscal navarra nada tenía que ver con el concierto vascongado, mero sistema de recaudación de impuestos.

También protestaban porque el Gobierno hubiera renovado la Comisión Gestora de la Diputación Foral, nombrada a dedo por la República en 1931. Rechazaban la Ley de 27 de diciembre de 1934, promovida por el minsitro de Justicia, Rafael Aizpún Santafé. En ella se disponía que mientras no se celebraran las elecciones a Diputados provinciales, la Gestora sería elegida por todos los concejales de cada Merindad. La elección tuvo lugar el 27 de enero de 1935. Los siete diputados elegidos pertenecían al Bloque de las derechas. Cuatro carlistas, uno de Unión Navarra, y uno del Partido Radical en el poder. El PNV puso el grito en el cielo. En la Merindad de Estella, de cuya capital Aguirre era alcalde con clara minoría, el triunfo de la candidatura de UN fue arrollador. Pero la ley de 1934 nunca se cumplió. Cuando el Gobierno del Frente Popular (Azaña, PSOE, ERC, PC y otros partidos separatistas y revolucionarios) se percató de que “las derechas”, podían ganarlas por goleada, se olvidaron ella.

Por otra parte, la República se despidió no con una Gamazada frustrada sino consumada. En 1927, el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, formalizó con la Diputación Foral el primer gran Convenio Económico de nuestra historia. Hago un paréntesis para destacar hasta qué punto hace cien años la sociedad española estaba partida en dos. Calvo Sotelo, jefe de Renovación Española en las Cortes, fue asesinado el 13 de julio de 1936 por un grupo de guardia de asalto y jóvenes socialistas. En la comisión navarra del Convenio de 1927 destacó por sus cualidades Joaquín Beunza, político carlista, que el 4 de agosto de 1936 sería asesinado por las milicias del Frente Popular en San Sebastián. También debo señalar que Fortunato Aguirre fue asesinado en Tajonar el 29 de septiembre de 1936. Sus autores, nunca perseguidos, mancharon el espíritu de Cruzada que motivó a la mayoría de los voluntarios navarros a echarse al monte.

Pues bien, el Convenio de 1927 facultaba a Navarra para mantener y establecer su propio régimen tributario. En 1934 el gobierno había decidido establecer un impuesto nuevo, la Contribución sobre la Renta. La Diputación Foral dictó el 30 de marzo de 1935 las normas del nuevo Impuesto para su aplicación en Navarra. Hacienda consideró que al ser un impuesto nuevo Navarra no tenía competencia. Después de conversaciones fracasadas, el Gobierno dictó el 17 de julio de 1936 una Orden Ministerial por la que la Hacienda estatal recaudaría de inmediato la Contribución, negando la competencia de Navarra. Se publicó en el Boletín Oficial de la entonces provincia el 20 de julio. Por acuerdo de 27 de julio la Diputación reparó el contrafuero y anuló la Orden. Navarra había quedado fuera de la jurisdicción del Gobierno de la República.

Jaime Ignacio del Burgo