Nos cuesta quejarnos. Quejar, lo que es quejar, nos quejamos sin problemas, pero tiene que ser en el corrillo del bar, con la cuadrilla de amigos, en “petit comité”. Nos quejamos también cuando nadie nos ve, o cuando rumiamos de forma recurrente en nuestra cabeza algún asunto que nos preocupa. Sin embargo, manifestamos cierta pereza o temor a quejarnos en público. Dar nuestra disconformidad ante un organismo que represente autoridad nos intranquiliza y nos asusta y casi siempre lo evitamos, de esa forma, no tenemos que asumir ese sentimiento del supuesto “temor a las represalias”. Es por eso que nos callamos ante el ayuntamiento, ante un asunto vecinal o ante el departamento del gobierno que corresponda, aunque muchas veces nos saquen de nuestras casillas con listas de espera que se demoran más de lo previsto.

Nos cuesta quejarnos ante la administración, porque pensamos que irán contra nosotros en un afán desmedido de venganza. Tal es ese pensamiento temeroso que subyace en nosotros, que creemos que las diferentes administraciones del estado actuarán como una espada de Damocles, que caerá rauda contra nosotros si optamos por nuestra defensa. El meollo de la cuestión es que no creemos en ese principio tan básico recogido en todas las constituciones del mundo que es el derecho a la libertad de expresión. Sí, libertad de expresión independientemente de la raza, religión o ideas de cualquier índole que uno pueda tener. Puede ser que en nuestro subconsciente más profundo esté arraigado un temor a manifestarnos en público y esa circunstancia provoca un rechazo a todo tipo de denuncia, reclamación o a ejercitar los derechos que nos corresponden como ciudadanos libres. Algunos de los derechos que no ejercitamos son muy elementales como el derecho a la intimidad o el respeto a la diversidad, y si no que se lo digan las grandes tecnológicas como Google, Facebook... Recuerdo que una vez denuncié ante la guardia civil un hecho que perjudicaba claramente mis intereses. El guardia de turno, que con paciencia redactaba la denuncia, me miró por el rabillo del ojo en varias ocasiones hasta que de pronto, sorprendido, se dirigió hacia mí y me dijo: “Eres el primero que viene a denunciar este asunto, sin embargo, en la comandancia ya lo sabíamos todo”. Claro que denuncié y tengo que decir que después de salir del cuartelillo, mi sentimiento fue de completa liberación, pues no me sentí tan abandonado a mi suerte, aunque la indefensión persistía como no podía ser de otra manera.

Por consiguiente, en ciertas situaciones que nos desbordan, lo más aconsejable (aunque primero es necesario explorar otras vías de resolución más amigables), sería dejar el asunto en manos de la policía, el abogado o presentar una reclamación que se ajuste a la verdad y no optar por quedarnos de brazos cruzados y ver con impotencia como se desarrollan los acontecimientos. En definitiva, que podemos ejercitar nuestra libertad de expresión sin que nadie nos coarte, y así, defender nuestras convicciones más profundas o simplemente nuestros derechos más básico. A cuentas con la libertad de expresión, ya en el año 399 A.C, en la antigua Grecia, Sócrates fue sentenciado a la pena de muerte durante el juicio sumarísimo en el que le acusaron de pervertir a los jóvenes y de alejarlos de los dioses.

El maestro fue condenado a beber la cicuta (forma en que se ejecutaban las penas de muerte en aquella época) y mientras ingería el mortal veneno, el filósofo con pasmosa serenidad, disertó como era su costumbre, con su amigo Criton, con total libertad, sobre la inmortalidad del alma.

Miguel A. Martínez Janáriz