Parece que se ha llegado a un acuerdo entre la patronal del transporte y el gobierno de España con una medida estrella , la de subvencionar el coste del combustible. Aparentemente es un logro aunque realmente supondrá un parche que más adelante requerirá otro tipo de soluciones más duraderas. El sector de transporte ha sufrido un cambio estructural en el que las empresas han externalizado estos servicios y los autónomos han sustituido a precios más bajos incluso con la entrada de profesionales de otros países de la UE con nivel de vida más bajo como Rumania o Bulgaria

De esta forma se concentra la demanda del servicio (pocos clientes) y se diversifica la oferta (muchos autónomos con pocos vehículos cada uno), el transportista asume íntegramente los costes del servicio pero tiene dificultad al intentar repercutir a los clientes que a su vez pueden solicitar presupuestos e ir al precio más bajo aun con riesgo de pérdidas por tener deudas por la adquisición de los vehículos que en algunos casos han avalado con su vivienda. Al hacerse cargo el estado de las pérdidas mediante subvenciones se agrava el coste fiscal a todos los españoles, o dicho de otra forma lo pagamos entre todos seamos o no consumidores de los productos que se transportan La realidad es que no se puede trabajar a pérdidas y eso lo saben bien los transportistas o los agricultores quienes también sufren una demanda reducida por parte de los distribuidores que en muchos casos no respeta los costes de puesta en el mercado de los productos frescos por el incremento tanto de combustibles como de abonos entre otros. El estado y la UE , a pesar de estar en una economía capitalista, deben garantizar al menos estos sectores como lo hace con la energía por ejemplo y establecer unos precios mínimos por ley de tal forma que como el resto de los sectores económicos repercutan los incrementos a los consumidores - vía precios pero no a todos los contribuyentes por medio de los impuestos-. Al estado no le interesa esta solución porque incide directamente en el IPC y su incremento tiene repercusiones políticas muy importantes. Pero es injusto tanto para los transportistas como para los contribuyentes que el ajuste en precios no se repercuta en quien contrata el servicio y a la postre quien consuma los productos transportados además subvencionar y no establecer precios mínimos es mucho más sencillo. La imagen que da el ministerio es que os damos algo mientras que modificar las normas españolas y europeas en este sentido es mucho más arriesgado pero evidentemente más eficaz y mucho más justo. Ya lo dijo Abraham Lincoln “ las normas del viejo pasado no son válidas en el tumultuoso presente”.