Estos días estamos contemplando en los distintos medios de comunicación una propaganda agresiva del Gobierno de Navarra, con fondos económicos de todos los navarros, para que las diversas familias inscriban a sus hijos en los colegios públicos. Yo creía que los impuestos se distribuían equitativamente, pero el Ejecutivo foral los emplea, a veces, para segregarnos según nuestras ideas políticas.

Este enfrentamiento parte de la nueva ley educativa (LOMLOE) del 2020 que diferencia entre las dos formas de enseñar y transmitir valores, intentando lograr la desaparición de la Concertada. Y, claro, el gobierno de Chivite, apoyado por una amalgama de partidos, está encantado de aplicar la ley hasta los puntos y las comas. Se olvida de la defensa de las libertades. En la Comunidad foral hay aproximadamente 12.500 profesores, de los cuales 9.500 son de la pública y 3.000 de la concertada. Con respecto a los alumnos, hay un total de 108.000, de los cuales 70.500 son de la pública y 38.000 de la concertada. ¿Por qué los profesores y alumnos del concierto no poseen los mismos derechos que los de la pública? ¿Por qué, por ejemplo, no es gratuito el transporte de ida y vuelta al colegio? El gobierno foral, ante la falta de alumnos por la disminución de la natalidad, intenta ahogar, asfixiar a la concertada no dejando ni ampliar con nuevas aulas, ni aumentar los alumnos. El descenso de alumnos conlleva que haya más plazas disponibles que niños, con el inexorable cierre de clases. Por ello, en este periodo de matriculación, la Dirección del pentapartito, PSN, Geroa Bai, Podemos, I-E y Bildu, en una agresiva e injusta propaganda, poco ética, despilfarra el dinero de todos los contribuyentes para contratar páginas enteras de periódicos, carteles en las marquesinas de los buses, minutos de radio y vídeos televisivos para repetir una y mil veces: “Yo soy de la pública, la escuela que quieres crear”. En conclusión, el Gobierno no ampara, no protege a profesores, alumnos y familias de la Concertada. ¿Dónde está el derecho constitucional de las familias a elegir colegios? Las frases de los anuncios retratan a este gobierno de separatistas: “la educación es uno de los elementos que más moldea… al niño”. Creo que “moldear” no es la palabra más apropiada. ¿Acaso quiere decir catequizar? El consejero del ramo, Carlos Gimeno, se vanagloria porque se dedica el 4,26% de su PIB a Educación, pero esconde la realidad: siguen cerrándose las escuelas unitarias de la “Navarra despoblada”, carecen de un acceso rápido a internet, en la pandemia los alumnos no podían teletrabajar con los profesores y las ratios son excesivas para que un maestro pueda atender a niños de 6 a 12 años.

Algunos altos cargos del gabinete presidencial tienen la desfachatez de afirmar: “la concertada nació para ayudar, de manera subsidiaria, en los lugares donde la pública no podía llegar y, claro, con la escasez de niños, no se puede mantener la oferta en las dos redes educativas”. Sin embargo, es una realidad que los colegios públicos están cerrando módulos, mientras, en contraposición, cientos de familias reclaman más aulas a en la concertada. En julio, los centros concertados cumplirán 37 años (Ley Orgánica 8/1985), durante el gobierno de Felipe González, donde se establecía el derecho a la educación gratuita. Parece que a la socialista Chivite se le ha olvidado el mandato constitucional del derecho y libertad de los padres a elegir la educación que deseen, así como la formación religiosa y moral. Muchos de estos centros de iniciativa social están regidos por instituciones religiosas de distintas creencias, por eso los grupos políticos de izquierdas están poniendo todos los elementos, de modo sibilino, para asfixiarlos lentamente.

En consecuencia, debemos afirmar, primero, que el coste por módulo en la concertada es el 40% menor que en la pública; segundo, que las redes públicas, privadas, concertadas y cooperativas son complementarias y deben actuar conjuntamente atendiendo a los más necesitados y, también, a los excelentes. Ya lo decía el presidente Eisenhower: “La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano, porque se convierte en una disputa entre la gente que desea entrar y aquellos que no quieren salir”.