Llevo quince años discriminada en mi trabajo. Realizo mi labor en el mismo sitio, hago exactamente la misma actividad, tengo idéntica jornada y responsabilidades que otros compañeros, pero sin embargo mis retribuciones son sensiblemente menores que las suyas, con una diferencia bastante superior a los doscientos euros mensuales. Se preguntarán de qué empresario explotador y sin escrúpulos depende mi nómina. Quizás les sorprenda, pero mi empresa no está ubicada en Bangladesh, está aquí, en la Navarra del siglo XXI, la moderna y vanguardista Comunidad que aspira a fabricar el coche eléctrico. Y mi empresa es la Administración Foral, precisamente la que debiera ejercer la vigilancia y ser todo un ejemplo en materia de igualdad. Concretamente trabajo en la centralita del hospital Reina Sofía de Tudela, donde la mitad de la plantilla estamos encuadrados en un nivel distinto al de la otra mitad.

Recuerdo que cuando los sindicatos nacionalistas eran minoritarios en esta nuestra Administración, tenían muy claro el diagnóstico: todas las injusticias y todo lo que no se arreglaba era culpa de que gobernaba UPN y de los demás sindicatos. Ahora no gobierna UPN y ellos han tenido la mayoría sindical, pero yo sigo igual. Vino el “gobierno del cambio”, pero no hubo cambio en mi situación. Llegó el “gobierno de progreso” y sigo sin progresar. Durante la crisis no había dinero y no había posibilidades de acuerdos que corrigieran cuestiones de esta índole, pero en 2018 por fin hubo unos fondos para negociar… y tampoco. Sí se solucionó la situación del personal auxiliar administrativo, que era idéntica a la nuestra y originada al mismo tiempo, pero en nuestro caso la Administración y los sindicatos decidieron que teníamos menos derechos y que nuestra solución se dejaba a la “lotería” del cumplimiento del objetivo de déficit del año 2020, año pandémico, y como no se cumplió tal condición, sigo y seguimos como estábamos.

Cuando el 1 de octubre de 2020 se convalidó en el Parlamento la medida que solucionaba la situación de ese personal administrativo, el portavoz de Podemos-Ahal Dugu, en declaraciones a la prensa, se manifestó “abierto a facilitar que cualquier agravio comparativo se pueda solventar”, por lo que otras compañeras le recogieron el guante y enviaron un correo a ese grupo parlamentario exponiéndoles nuestra situación. Quizás el representante de Podemos fue de farol pensando que no quedaría nadie más en la misma discriminación, o tal vez viera que el colectivo afectado es tan reducido que no les merece la pena moverse por un potencial de votos tan exiguo. Pero lo cierto es que quienes venían a empoderarnos a las mujeres y a regenerar la política, un año después, no han movido un solo dedo para solventarlo.

En marzo nos dirigimos al Defensor del Pueblo, que se hizo eco de nuestra discriminación y dictó una Resolución recomendando nuestro reencuadramiento, pero el Departamento de Función Pública, dependiente de la Consejería que también se llama de Igualdad (para mayor ironía), contestó que eso supone un incremento retributivo y que el principio de estabilidad presupuestaria no lo permite, el mismo principio de estabilidad que sin embargo no ha impedido el incremento retributivo para las guardias en ciertos días de Navidad. ¿Magia o voluntad?

Yo creía que la igualdad era un principio fundamental de todos esos partidos políticos y, por supuesto, de las organizaciones sindicales, un principio que nunca debiera estar condicionado, sino ser el condicionante. Pero veo que no, que solo es una frase vacía que sacan a pasear cuando llega la ocasión, cual chaqueta de pana en mítines de puño en alto, y que solo se aplica en función del tamaño del colectivo. Es decir, del número de posibles votos a pescar en la siguiente elección. Llevo quince años de desigualdad, camino de dieciséis, sin que nadie le ponga remedio.

Rosa Herrera García