El pasado jueves, 30 de septiembre, se celebró un pleno del ayuntamiento de Zizur Mayor, y entre otros temas, se debatió una propuesta de instalar 65 cámaras de videoviligancia en 30 ubicaciones “estratégicas.” Uno de los principales promotores de esta medida, el señor Andoni Serrano, concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana, argumentó que esta batería de cámaras aportaría una mayor seguridad a la ciudadanía de Zizur Mayor. Varios de los presentes, en particular el señor Javier Álvarez, concejal de Hacienda y Desarrollo económico, cuestionaron la necesidad de una medida tan intrusiva, y pidieron una consulta popular sobre una cuestión que afecta a todos los ciudadanos. Esta petición fue rechazada por el ayuntamiento.

En mi opinión, esta medida es más una imposición tecnocrática que una respuesta proporcional y equilibrada a las necesidades de los barrios de Zizur Mayor. Como residente del municipio en cuestión, me gustaría ofrecer algunas observaciones al respecto. Primero de todo, señalar que la instalación de cámaras de videovigilancia no responde a ningún problema grave de inseguridad en Zizur Mayor. Es una zona muy segura, y ciertamente no más insegura que otras zonas, como admitió el mismo concejal de Seguridad Ciudadana. Ha habido algún incidente reciente, pero no representa en absoluto una inseguridad generalizada de la zona.

Segundo, esta propuesta no responde a ninguna iniciativa de la ciudadanía de Zizur Mayor, ni de sus comerciantes. Por ejemplo, he asistido a una reunión de la asociación de vecinos de Ardoi (que representa a unos 3.000 residentes de Zizur Mayor), y no están reclamando esta medida en absoluto. Está muy claro que viene “de arriba”. Tercero, no está de más señalar que el coste estimado de este proyecto, 150.000 euros, no es nada despreciable en relación con el presupuesto anual de un municipio de unos 15.000 habitantes.

Cuarto, aunque hubiera un problema serio de inseguridad (que no lo hay), no está nada claro hasta qué punto un sistema de videovigilancia automatizado ofrecería una solución real a un problema social tan complejo como la delincuencia, la criminalidad, y la desconfianza entre ciudadanos. Los problemas complejos requieren soluciones complejas y ponderadas. Quinto, es muy llamativo, y francamente preocupante, que el principal promotor de esta medida, el señor Serrano, ha descartado cualquier consulta popular con el argumento de que los ciudadanos no deberían tomar decisiones en materia de seguridad, solo los políticos que han elegido. Quién puede pensar que los ciudadanos no son competentes para deliberar sobre el rol de la videovigilancia en sus propias calles y vidas debe tener una tremenda desconfianza en los ciudadanos de a pie, y una tremenda confianza en la capacidad de expertos de seguridad de conocer las necesidades básicas de los ciudadanos mejor que ellos mismos. El mensaje que me gustaría transmitir a los que gobiernan en mi nombre y en nombre de mis conciudadanos de Zizur Mayor es que los ciudadanos no somos niños pequeños que necesitamos a expertos para decidir nuestras necesidades y estructurar nuestra vida con independencia de nuestras opiniones y experiencias vitales. Vendría bien, de vez en cuando, que nuestros representantes políticos manifestaran un poco menos soberbia, y un poco más interés en conocer las necesidades reales y vividas de los que representan.

David Thunder, residente de Ardoi (Zizur Mayor)