El pasado Congreso Internacional titulado “La ciudad que queremos” celebrado en Pamplona tuvo como colofón el anuncio por parte de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de una nueva Ley de Arquitectura, y Calidad del Entorno Construido, declarando como fundamento incrementar el bienestar y la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos.

Entre los objetivos a conseguir por la nueva ley, explícitamente mencionados, figuran: facilitar el acceso a la vivienda, dar respuesta a la emergencia climática, fomentar ciudades más habitables, saludables, sostenibles, justas y solidarias, dotadas de movilidad vertebrada y accesibilidad universal, ciudades que respiren igualdad de género, que combatan la pobreza y marginalidad, económicamente dinámicas y sin fracturas sociales, para lo cual será necesario redefinir su papel hacia ciudades descentralizadas o/y policéntricas, que pertenezcan a todos, donde la arquitectura interiorice (?) la perspectiva de género… ¡Todo eso, ni más ni menos!

Uno se imagina a quienes se encomiende la redacción de dicha ley, sentados ante el papel en blanco, atenazados por tal responsabilidad y sin saber por dónde comenzar, porque toda iniciativa legisladora se genera, o bien por la necesidad de cubrir un vacío en la regulación social, o bien para completar o corregir defectuosas normas existentes. ¿Existe tal vacío? ¿Son tan defectuosas las leyes vigentes?

Poniendo como ejemplo a Pamplona y su conurbación, durante los últimos diez años se han construido en torno a quincemil viviendas. Esa considerable cantidad -casi una nueva ciudad- ha sido realizada, y de ello no quepa la menor duda, mediante un riguroso cumplimiento del ingente número de leyes y reglamentos europeos, regionales y locales que se superponen en la maraña de normas a las que se sujeta el hecho edificatorio y, por tanto, la arquitectura.

Ante la aparición de la nueva ley, resulta inmediato pensar que algo se ha debido hacer mal en el pasado reciente, ya que su anuncio pretende poner de manifiesto supuestos graves defectos en habitabilidad, salubridad, accesibilidad, sostenibilidad, escaso apoyo a la igualdad de género y al combate contra la pobreza y marginalidad (incluso fomentando la fractura social), lo cual se puede entender como denuncia de un mal hacer en el urbanismo y arquitectura actuales.

Al hacerse conscientes de tan nefasta realidad puede ser enorme la frustración de los habitantes de los modernos barrios y los edificios en los que han depositado sus ilusiones y empleado sus recursos. Efectivamente, muchas de las claves de la calidad de vida se encuentran en el urbanismo, la arquitectura y la construcción. En eso es plausible la preocupación ministerial por aportar mejoras. Pero el ambicioso enunciado de los objetivos de la prometida ley hace recaer en los urbanistas y arquitectos un posible exceso de responsabilidades. Como he comentado anteriormente, todo lo proyectado y construido ha sido sometido escrupulosamente a un exhaustivo cúmulo de exigencias normativas y su paso por los correspondientes organismos oficiales de control. Vistos los resultados, los arquitectos lo están haciendo bien. Cumplen, siempre con muchas dificultades, con todas las normas que a los proyectos se imponen por la legislación, es decir, por la propia sociedad.

Es de suponer que, con la incorporación de la anunciada ley, nuevas exigencias se sumen a las ya excesivas, además de que resulta difícil imaginar, desde el ámbito técnico, la forma de un articulado que pretenda dar respuesta a objetivos de carácter más sociológico que arquitectónico. Se teme, entonces, la llegada de más normas que se añadirán al ya estrecho tamiz que hace prácticamente imposible que se cuelen ideas en materia de arquitectura residencial, nuevas ideas que supondrían, por ejemplo, una mayor apertura en innovación y oferta de diferentes tipos de viviendas, lo cual sería un camino acertado para mejorar, seguramente. Ojalá llegase una ley plena … de artículos derogatorios.

Jose M. Errea argaiz