Dos décadas después de la implantación de la Red Natura 2000, en el Valle de Roncal tenemos los resultados: los animales silvestres bien, gracias, los ganaderos en fuga generacional, sujetos a las modas conservacionistas impuestas, el riesgo de los osos, el incremento de gastos de vigilancia, puntualmente subvencionados, las pérdidas que se reclaman y no se atienden por el Estado y la baja rentabilidad de la ganadería extensiva. Nadie quiere continuar con esa actividad. La madera fuera de mercado, la gestión está supeditada a la autorización previa por el Estado, que lo mismo restringe infraestructuras de acceso y trabajo que promueve planes de gestión sin vinculación con el mercado, tanto la biomasa, sin acceso a las calefacciones urbanas, como el resto de formatos, que ve pasar sin capacidad de reacción las oportunidades, como la pujanza del LUMBER, los contratos de futuro de la madera en EEUU, que han triplicado el precio y han revolucionado un mercado exterior al que somos ajenos.

Pero ese no el problema, el verdadero problema se ve en el censo de población activa de las localidades afectadas. Cualquier pueblo afectado refleja su vertiginoso descenso. La sorpresa es la sustitución de esta población activa por la actividad del Estado, que incrementa las plantillas vinculadas, con un control exhaustivo sobre los recursos naturales (agua, viento) y los servicios ambientales (sumideros de CO2, áreas de ocio, deporte, turismo).

Este intervencionismo del Estado, característico desde la dictadura de Primo de Rivera, con la exacción de los saltos de agua a las comunidades locales, cediéndolos sin compensación a las pujantes hidroeléctricas, continuando en la dictadura de Franco, con los grandes embalses de agua para riego y electricidad, también sin compensaciones, desvinculándolos de las comunidades afectadas, generando grandes fortunas a los beneficiarios de estas actuaciones, se continúan ahora con nuevas fuentes de riqueza, como son los parques eólicos, los derechos de emisión de CO2 que cobra el Estado y se absorben en nuestros bosques.

Esto incita la despoblación rural, que desposeída de capacidad de gestión sobre sus recursos, supeditada al criterio de la Administración, busca mejores oportunidades en entornos más competitivos económica y socialmente, perdiéndose el saber hacer, la creatividad e iniciativa empresarial (el Rincón de Belagoa ha perdido su potencial de estación de montaña, reduciéndose a otra reserva más de las muchas designadas en el Valle de Roncal, desplazando la actividad montañera a la cercana Zuriza), creando una descapitalización humana y de capital en las comarcas intervenidas.

Observando a nuestro alrededor, Francia, la República, ha evitado la excesiva imposición de LIC a las comunidades rurales, y sobre todo ha implantado un sistema de colaboración con los afectados, basado en contratos de contraprestación por los servicios ambientales que aportan, dando viabilidad y futuro a los afectados y a los LIC. Lejos del panorama que queda a los países más afectados, Portugal, España, Grecia y Bulgaria, con un 28% de territorio subordinado, países políticamente débiles y con dificultades financieras, un peaje a la UE que logra un 12% de media.

El tímido ensayo del R.D. 1336/2011, de contrato territorial, no desarrollado hasta la fecha, es la única aproximación a la realidad, y bien se puede inspirar la Administración en la legislación francesa, en concreto el contrato NATURA 2000, permitiendo que los beneficios de los servicios ambientales reviertan a la colectividad territorial que los vive y gestiona con éxito a través de generaciones y de la historia.

El contrato territorial ya existe en nuestro valle, donde la propiedad es particular en 1/3 aproximadamente, municipal en otro 1/3, y comunal en el resto, especialmente los pastos de altura, donde la población pueda tener ganado y pastorearlo aun sin otros recursos, y permite el desarrollo de la sociedad local por generaciones.

Este modelo de gobernanza, desburocratizada e integrada en la sociedad local, no exige recursos públicos, escasos ahora con la deuda pública disparada, libera los recursos del Estado, racionalizando el mismo, evitando por ejemplo la triplicidad de guardias, civiles con el Seprona, forales con la patrulla ecológica, y forestales.

Esta realidad que nos desertiza de población, bien puede valorarse con el criterio de gobernanza que desarrolló la Premio Nobel Elinor Ostrom.

Luis Chamarro propietario forestal en Urzainki