Pedro Sánchez adapta la ley a sus circunstancias de modo que las decisiones judiciales resultantes de aplicarla correctamente, que en su día condenaron por sedición a Junqueras y a otros políticos del procès, hoy cotizan a la baja alcanzando un mínimo histórico en su bolsa de respeto al proponer sustituirlas por decisiones políticas vendibles como causa patriótica cuando solo son comprables como causa partidista y nacionalista, haciendo de la Justicia que garantiza el orden público al hacer temerosos de la ley a unos ciudadanos para que otros se encuentren protegidos por ella, un mero mercadeo entre un ávido vendedor y un interesado comprador de independencia.