Es Navarra una de las regiones europeas en las que más se debate sobre educación y enseñanza. Razones hay para ello. Somos una sociedad desarrollada, culta y económicamente fuerte. Conservamos unas profundas raíces religiosas. Ha sido siempre bastante alta la inversión en educación. Pero no es lo mismo la inversión de dinero público que la realizada por las propias familias para procurar que sus hijos tengan el mejor porvenir posible. De aquí se deriva que los conciertos económicos con los colegios e ikastolas privadas planteen siempre dudas.

Vivimos un momento crucial en el que la pandemia de un coronavirus nos proporciona reflexión y disposición al trabajo conjunto. Buena parte de la ciudadanía está en alto riesgo de deterioro económico y marginación social. De las grandes crisis, de las épocas de penuria, de la superación de obstáculo, han surgido en la historia el progreso y la mejora social. No es oportuno apelar a épocas pasadas como espejo en el que mirarnos. Estamos aquí y ahora, con todas las consecuencias. Nosotros determinamos el porvenir.

Todos experimentamos con frecuencia la fuerza de inercia. Basta ir en un autobús, en un coche o simplemente en el ascensor para reconocer esta fuerza que hace que todo cuerpo en movimiento tienda a seguir el curso del mismo si otras fuerzas no lo impiden. Que la educación y la enseñanza de nuestras nuevas generaciones se deje llevar por la inercia es grave. Porque nuevos tiempos necesitan nuevas medidas. En España seguimos sufriendo las consecuencias de una falta de acuerdo social y político por la educación. En Navarra seguimos sin tener una ley foral de educación. Es lamentable que el Gobierno de Navarra no elabore ya un proyecto de ley que sometido a debate del Parlamento aglutine los 50 votos: la unanimidad. Tuvimos leyes estatales controvertidas a lo largo de los últimos 30 años, pero nunca se abordó una ley educativa propia.

Antes de la aprobación del Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad foral de Navarra en materia de enseñanzas no universitarias, nuestros representantes políticos acordaron, no sin polémica, normas importantes como la Ley Foral del Vascuence de 1986, o la Ley foral de creación de la UPNA en 1987. Desde los años 90 la educación se regula en Navarra con decretos, órdenes forales, resoluciones del Gobierno de turno. Así tenemos la escolarización universal, la concertación de la enseñanza privada, las ofertas públicas de empleo, que se resuelven a través de concursos-oposición, por citar sólo algunas de las más relevantes. Falta un texto legislativo que garantice la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo.

En estos momentos tenemos un Gobierno de coalición en Navarra. Parece haber recibido con alegría la reciente aprobación de la LOMLOE. Una nueva ley orgánica que pretende la salvaguarda de la libertad de enseñanza, pero cohonestada con los recursos materiales y humanos que nos podemos permitir dedicar a la educación.

Aún reconociendo la valentía y voluntad del consejero Carlos Gimeno, expongo mi discrepancia con dos decisiones recientes, por temerarias:

1.- No podemos permitirnos el lujo de ofrecer más plazas de las necesarias en aulas de 3 años y a todo lo largo de las etapas de infantil, primaria y ESO. Si nacieron en 2018 poco más de 6.000 niños y niñas, ¿por qué les ofertamos del orden de 8.000? Así resulta tan fácil como caro dar satisfacción a las familias en la libre elección de colegio. ¿Acaso sobran recursos económicos, habida cuenta de las necesidades del tejido productivo tras esta pandemia?

2.- El PSN, en cumplimiento del Acuerdo Programático, ha elaborado una difícil orden foral de escolarización para el próximo curso. Se intenta algo muy difícil y discutible: repartir el alumnado con dificultades por todos los colegios sostenidos con fondos públicos. “La diversidad es una riqueza de la que todos los colegios deben disfrutar”, dicen. Mi experiencia personal en la atención a la diversidad en la ESO, tras 15 años en sus aulas (1998-2013) me llevan al escepticismo.

Y acabo. Para el Gobierno de España, Navarra sigue siendo una zona experimental. Por nuestro tamaño y nuestro nivel de vida gastamos lo que otras CCAA no pueden. ¡A esto hay que darle una vuelta, consejero! Los recursos, limitados, deben estar donde de verdad se necesitan. Una vez más, sólo es mi opinión.

Ángel Urtasun Uriz, profesor jubilado