Me confieso ferviente defensor de la enseñanza pública, por ser la mejor que recibí. Fue en el Instituto Ximénez de Rada, donde cursé bachillerato recién restaurada la democracia. Años convulsos de crisis económica, conflictividad social e inestabilidad política -golpe de Estado incluido-, con ETA asesinando a cuatro manos. Aunque el centro, de ambiente liberal, no era enteramente ajeno a ello, pudimos completar una etapa docente de la que guardo un excelente recuerdo. A destacar el gran nivel del profesorado, con catedráticos que eran pozos de sabiduría. Enseñantes que, además de transmitir conocimientos, estaban investidos de una auctoritas que les permitía domeñar, a la par que dar lecciones de vida al alumnado interclasista que abarrotaba las aulas. Quizás por ello, cada vez que veo que entre los estudiantes más brillantes de la EvAU se cuentan no pocos procedentes de un IES experimento una punzada de alegría.

Pero siendo, como digo, defensor de lo público, lo soy todavía más de la libertad. La que considero que han de tener los progenitores para elegir la educación que prefieran para sus hijos. Pública, privada o concertada. Laica o religiosa. En el modelo lingüístico de su agrado. Aquí o, si pueden costearlo, en el extranjero, pues no hay herencia más valiosa que una buena educación. Incluso la que segregue por sexo, algo que, por cierto, hacía mi instituto, sin que arrastre por ello tara alguna. No, en cambio, la impartida en casa, pues impide la necesaria socialización. Al Estado corresponde velar por la igualdad de oportunidades. Una enseñanza pública de calidad, junto a una acertada política de becas, ha de posibilitar que todo aquel que lo merezca tenga acceso a este ascensor social.

No entiendo las reticencias del socialismo a esta libertad. Menos aún el ninguneo de un partido que se dice obrero a los sindicatos de la concertada en Navarra, una educación merecedora de apoyo, porque con un coste inferior al de la pública obtiene mejores resultados académicos. Si ello obedece a una menor escolarización de alumnos desfavorecidos, corríjase, pues quien paga manda. La competencia público/privada ha de servir de acicate para mejorar ambas. Tampoco comprendo por qué los aberchándales no extienden al ámbito educativo el derecho a decidir con el que tanto nos aburren en materia territorial.

Si al Gobierno le interesa verdaderamente la educación, lo que debería hacer, en lugar de cercenar libertades, es intentar resolver los numerosos problemas que la aquejan. Podría empezar promoviendo un pacto de Estado que diera estabilidad normativa, evitando así que cada ministro del ramo ponga nombre a su efímera ley. Pero hay más, además de los enormes trastornos causados por el maldito coronavirus. La elevada temporalidad de los docentes. El escaso reconocimiento social a su importante labor. Los insuficientes recursos, a pesar de ser la inversión más rentable para un país. La falta de esfuerzo y motivación del alumnado, consecuencia de los aprobados por imperativo legal. El absentismo. El fracaso escolar. El bullying. La infravaloración de las enseñanzas profesionales. El deficiente nivel de conocimiento en materias básicas como lengua española e idiomas. Hay, en efecto, alarmantes carencias en comprensión lectora, expresión oral y escrita, lo cual merma el rigor argumentativo y la capacidad analítica y crítica de nuestros jóvenes. Precisamos, además, una escuela que incentive la creatividad y la curiosidad en lugar de la memoria. Menos contenido y más competencias y habilidades, pues en este mundo tan cambiante nunca dejamos de aprender. Añádase a ello la no menos importante inculcación de aquellos valores necesarios para convivir en una sociedad abierta, plural, tolerante, democrática ... y honesta, por favor. Asignatura ésta de la que todos somos alumnos, empezando por el mismísimo rey.

Manuel Sarobe Oyarzun