Tras las lluvias generadoras del último episodio de crecidas de ríos que han llenado las páginas de los medios informativos, quiero indicar aquí que me sorprende sobremanera que “sorprendan” ciertas inundaciones. Se debiera entender por todos, que las construcciones en zonas inundables tienen ese riesgo ineludible, y que los supuestos períodos de retorno son siempre una probabilidad, no una ciencia exacta, dadas las variables que pueden darse. Es decir, lo mismo pueden pasar décadas sin que se genere una sola afección, como se pueden estar sufriendo de modo continuo (no hay más que ver los últimos años… el último episodio de entidad, el año pasado). Hasta ahí vale. Otra cosa es que la gente que ha adquirido sus inmuebles en urbanizaciones reguladas “con todos los permisos correspondientes”, tenga que asumir esas afecciones, “sin chistar”, tras invertir un buen dinero en una vivienda y/o garaje y/o bajera, en la que nadie le informa, de modo previo, de los condicionantes que puede padecer. Máxime confiando, como no puede ser de otra forma, en el (supuesto) beneplácito que han dado a esa urbanización los responsables correspondientes. Para mí (y es una opinión particular) la principal responsable de estas afecciones a construcciones, en zonas de “servidumbre” de un cauce público, no es otra que la CHE, salvo implantaciones ilegales (están los propios Ayuntamientos, pero hablo de la que tiene mando en plaza en lo relativo a los cauces). Dicho esto, no solo sucede por lo que corresponde a la responsabilidad indicada de la CHE, sino por lo concerniente a la propia gestión constructiva de la promotora, proyectistas y direcciones (como responsables directas de las correctas ejecuciones de las contratas), que llevan a situaciones constructivas indebidas (por decirlo suavemente), que se convierten en las fuentes de los futuros daños (luego, vete y busca responsables o, incluso, decisiones judiciales que protejan a los damnificados cuando dan el paso de denunciar). Bien por diseños que adolecen de contemplar cuestiones básicas, o por no implantar sistemas antirretorno en las salidas de los colectores de pluviales que impidan el paso desde los cauces a las urbanizaciones (a su través, en sentido contrario), o por no implementar los mismos sistemas antirretorno (del tipo adecuado para acometidas) para evitar la entrada a los inmuebles desde los propios colectores externos al entrar en carga (llenarse). Y, muy importante, por no preservar la propia estanquidad en la construcción de esas conducciones nuevas, para evitar las infiltraciones - en tuberías y pozos de registro- que aporten, de por sí, un caudal indebido. Con esas premisas cumplidas (de costes despreciables en el contexto general de una urbanización y de las propias edificaciones posteriores), habremos ganado mucho, aunque, seguramente, no se van a evitar posibles afecciones si persisten las condiciones de inundación en el tiempo, a la vez que sigue lloviendo, sin tomar otras medidas. Y no solo hablamos de acometidas de pluviales. Los caudales de fecales vehiculados por los colectores externos, no debieran sufrir cambios con las lluvias (si se ha construido -y revisado- como debiera), pero también hay que situar esos antirretornos en las acometidas, para evitar inundaciones internas a su través, ya que, esos colectores externos, pueden ponerse en carga a través de aportaciones indebidas por varias causas (ahí lo dejo, por espacio). Desgraciadamente se ejecutan costosas redes separativas en las calles que -a sus propios problemas de diseños y construcción- se le une el que no se ejecuta convenientemente en la parte interior de las acometidas. Siendo lo más penoso, en ambos casos, la reiteración continuada de los errores. Por supuesto, la implantación de estos sistemas, y su mantenimiento, es de las propiedades particulares (los situados en los cauces no, salvo casos excluyentes por diversos motivos). A la entidad gestora de los servicios públicos se le podrá responsabilizar de la adopción de criterios al efecto, de controles, o de lo que pueda corresponder, pero - en ningún caso (es mi opinión)- de los costes de estas implantaciones de protección particular, ni de sus mantenimientos, ni de las afecciones derivadas de fallos en ellos. Una vez cumplidas todas estas premisas, el agua de una inundación seguirá estando en las calles amenazando nuestras propiedades, pero existen medios para preservar las entradas a garajes y sótanos, por cualquier punto. En manos de los que están en riesgo está el prevenir dotándose de lo conveniente, y actuar en tiempo y a tiempo, pues su inmueble va a seguir ahí. Sin menoscabo de que pueda seguir reclamando lo que entienda sea su derecho.

Javier M. Elizondo Osés, Ingeniero Técnico Industrial