El valor de un idioma

¿Según qué conceptos podríamos valorar un idioma? Seguramente unos serían objetivos y otros subjetivos. Entre los argumentos objetivos se contemplarían el número de parlantes, la extensión territorial, su historia, los rendimientos literarios aportados por ese lenguaje, su proyección de futuro… Entre los subjetivos valoraríamos su musicalidad auditiva, un posible peligro de extinción, el que lo hablasen nuestros allegados, salvaguardar una tradición… La razón nos encamina a una cierta protección de ese valor cultural para que no decaiga definitivamente, a apoyar a quien voluntariamente desee conservarlo o aprenderlo… pero en su justa medida y sin aspavientos ni excesos. El corazón - ¡ay los sentimiento!- podría inclinarnos a cerrar los ojos en relación a su importancia y poner en juego todos los medios, ya fueran dentro de la ley o bordeándola, para extender su uso. Y esto último es precisamente lo que vemos día a día en los políticos que nos mandan. Ellos aman el euskera, cosa muy loable, y tratan de imponerlo, parafraseando a Luis Aragonés, “por lo civil o por lo criminal”, cosa poco loable. Con este modo de proceder pueden, entre otras reacciones, irritar a mucha gente y predisponerla en contra de algo bueno, bello y amado por muchos. Y así no se actúa. Según parece quieren multiplicar varias veces el valor que actualmente se da al conocimiento del euskera para poder acceder a puestos en la administración foral, valoración que será diferente en las distintas zonas lingüísticas de nuestra comunidad. Los datos de la última encuesta sociolingüística hecha en Navarra (datos adelantados por el propio Gobierno) indican que ¡solo el 13% de la población conoce el euskera y solo el 7% lo usa! Estos dos apuntes, multiplicar baremos y número de parlantes, parecen absolutamente contradictorios, salvo que nos sorprendan incluyendo en la nueva norma un artículo que valore en igual medida al castellano. Digo esto porque dado que euskera y castellano son cooficiales en Navarra, deberían valorar este último idioma en la misma medida que el primero y tener en cuenta también las zonas idiomáticas. Es decir, la mayor valoración del castellano la deberían dar a la zona no vascófona e ir menguando hasta llegar a la vascófona. Claro que los aspirantes a un puesto de funcionario tendrían que definirse previamente por un idioma u otro y acceder a las pruebas sabiendo que solo se les iba a primar uno de ellos. Esta idea que, ciertamente, parece ridícula, también, ciertamente, parece justa.