Cáritas Diocesana Pamplona-Tudela tuvo en 2025 unos ingresos de 7,69 millones de euros y un gasto de 8,4 millones, con lo que cerró el ejercicio con un déficit de 713.511 euros. El 'hueco' se explica principalmente por el notable aumento de las ayudas económicas directas que tuvo que repartir la entidad, que atendió a unas 11.000 personas repartidas en 5.690 unidades familiares. Estas prestaciones directas, que crecieron un 39,60% respecto a 2024 y un 86,84% respecto a 2023, se concentran especialmente en dos ámbitos: alimentación y vivienda. Algo que refleja, según el análisis de Cáritas, "una situación de emergencia social creciente en Navarra". 

Lo relacionado con pensiones, habitaciones, alquileres, finanzas, suministros, gastos de comunidad y reparaciones ha supuesto 784.977 euros en ayudas, casi el triple que en 2023 y el doble que en 2024. Por otro lado, las ayudas para alimentación han ascendido a 652.000 euros y crecen un 37% respecto al ejercicio anterior y un 53% respecto a 2023. "Es algo que no sorprende a nadie conocedor del contexto social en el que nos movemos. Ahí están la dificultad de encontrar vivienda y los costes de los alquileres, o el precio de la cesta de la compra", expuso Maite Quintana, directora de la entidad. Por ello, han decidido que este año lo recaudado a través de la Tómbola irá dirigido específicamente a estos dos ámbitos. "Cada persona que compre un boleto sabe que está ayudando a cubrir necesidades básicas". 

También una curva ascendente sigue la ayuda destinada a Cáritas Parroquiales, que han subido un 20% desde 2024 y un 63% desde el año pasado.

Respecto a los programas y servicios que más recursos requieren, destacan tres: el programa de acogida, el centro ocupacional y las residencias y pisos supervisados. Entre los tres suman casi cinco millones de euros. 

Cáritas valora positivamente la regularización extraordinaria de personas inmigrantes que el Gobierno Central está desarrollando, porque supone "un reconocimiento a la dignidad de personas que ya forman parte de nuestra sociedad y facilita la labor de integración social que desarrolla Cáritas". Sin embargo, es crítica con cómo la Administración ha abordado el proceso: "Consideramos que el proceso podría haberse gestionado con mayor previsión, con más recursos y otros tiempos, evitando la incertidumbre que genera entre las personas más vulnerables", expuso Maite Quintana. 

"Limitarse a abrir oficinas de Correos donde los trabajadores, que no tienen por qué saber nada del tema, se limitan a recoger papeles no es poner recursos", puntualizó la directora, que también cuestionó que sean las entidades sociales las que tengan que asumir el rol de colaboradoras. "Si usted saca una norma, ponga usted los medios, articule usted lo que necesite", dijo en referencia a la Administración. "Igual que los demás tenemos flexibilidad y nos adaptamos, lo puede hacer la Administración. Hay algo que se llama voluntad". Sí quiso reconocer Quintana las facilidades que ha puesto el Ayuntamiento de Pamplona, que estableció una oficina de atención directa para agilizar trámites. "Lo ha facilitado todo mucho, nos hemos ayudado mutuamente". 

Cáritas Pamplona-Tudela, después de valorarlo, decidió no figurar como entidad colaboradora. "Ya atendemos a 5.000 familias. Si abrimos la puerta, hubiera supuesto un colapso por incapacidad de abordarlo todo". Sin embargo, desde el inicio del proceso ha desarrollado "una intensa labor de orientación e información a personas y entidades, en un momento marcado por la falta de claridad sobre cómo proceder y a dónde acudir". Hasta el 31 de mayo han tramitado solicitudes de unas 200 personas. 

EL INFORME DE VULNERABILIDAD, INNECESARIO

Uno de los documentos que más dudas y trabajo ha suscitado es el informe de vulnerabilidad, "que ha vuelto locas a muchas personas". "No entendemos la necesidad de este informe como requisito. Estar en situación administrativa irregular es ya, en si mismo, una situación de vulnerabilidad". 

Quintana recordó que lo que concede este proceso extraordinario es una autorización temporal de residencia y trabajo de un año de duración (desde el momento de la solicitud). Transcurrido ese tiempo, los beneficiarios deberán pedir una autorización ordinaria de residencia y trabajo, pero para ello deben cumplir los requisitos del Reglamento de Extranjería. "Si no los cumplen, caerán en la irregularidad nuevamente", advirtió. 

Por último, desde la entidad abogan porque la migración se aborde desde planes integrales, más allá de medidas "puntuales y extraordinarias". "Se deben contemplar políticas de formación, empleo, ayudas sociales y homologación de títulos, además de repensar los tiempos de espera exigidos para cumplir los requisitos de residencia y trabajo en España".