El 82,9 por ciento de las mujeres con enfermedades reumáticas y discapacidad afirma haber sufrido violencia institucional en la sanidad en el último año; además las listas de espera excesivas, falta de atención especializada (57%), información poco accesible (32,7%)y trato infantilizador (23%) son las situaciones más citadas por las 287 encuestadas en el informe elaborado por Reu+ con el Consejo Nacional de Mujeres de España (CNME), en el marco del programa europeo POWER.

El informe entiende por violencia institucional toda acción u omisión de una institución que vulnera los derechos de las mujeres o les pone barreras para ejercerlos, en incumplimiento del deber de diligencia debida del Estado. Es una definición jurídica, recogida en la legislación catalana contra la violencia machista, y permite distinguir una mala experiencia puntual de un patrón que se repite.

Las consecuencias van más allá de la consulta, ya que siete de cada diez participantes (70,4%) confían poco o nada en las instituciones. El 72,7 por ciento declara síntomas de depresión y el 58,5 por ciento, ansiedad frecuente. Las autoras no interpretan ese malestar como una condición previa de las pacientes, sino como una consecuencia del propio funcionamiento del sistema, una lectura en la que coinciden la encuesta, el grupo de discusión y las entrevistas.

El impacto alcanza también al trabajo, puesto que la mitad de las encuestadas (48,8%) asegura haber sufrido discriminación por su discapacidad, y más de la mitad ha tenido que reducir su jornada, cambiar de empleo o dejar de trabajar.

La investigación señala como causas el sesgo de género en la atención sanitaria, la tendencia a atribuir los síntomas de las mujeres a la ansiedad antes de completar el diagnóstico, la invisibilidad de la discapacidad orgánica y un sistema de valoración que evalúa a las pacientes en remisión, cuando están en su mejor momento, y no durante los brotes.

El informe destaca también lo que denomina un 'punto ciego institucional': la administración autonómica entrevistada que valora la discapacidad niega por escrito que existan diferencias de género en ese proceso, frente a la evidencia recogida en la encuesta, el grupo de discusión y las entrevistas. "Si tú no evalúas no hay garantía", resume Eugènia Bretones Espejo, presidenta del CNME y coinvestigadora del estudio.

El informe es la base del Plan de Incidencia Política del proyecto y propone formación obligatoria en perspectiva de género y discapacidad para el personal sanitario, judicial y de servicios sociales; protocolos de valoración específicos para las enfermedades que cursan en brotes, con revisiones periódicas y posibilidad de valorar durante el brote; y control efectivo de la obligación de adaptar los puestos de trabajo, también en la Administración pública.

Asimismo, propone producción sistemática de datos desagregados por sexo y tipo de discapacidad; uso de las comparecencias parlamentarias y de las reformas legislativas en curso para trasladar la evidencia; y reconocimiento de la violencia institucional como una cuestión de salud pública.