La Audiencia Provincial de Málaga ya ha dictado sentencia para el padre Fran. El cura de Vélez-Málaga tendrá que cumplir 52 años de prisión como autor de tres delitos continuados de abuso sexual, otro de abuso sexual y cuatro de descubrimiento y revelación de secretos. De acuerdo con el fallo, la Diócesis de Málaga tendrá que responder de manera subsidiaria de las indemnizaciones impuestas al sacerdote, las cuales superan, en total, los 400.000 euros.

La Sala ha llegado a la convicción de que el acusado agredió sexualmente a las víctimas -cuatro mujeres en total- tras suministrarles una sustancia desconocida que las sumergía en una profunda somnolencia, momento que aprovechaba para violarlas. En todos los casos, los ataques fueron grabados o fotografiados por el propio sacerdote.

Según la resolución, el encausado había entablado amistad años atrás con las cuatro perjudicadas en el transcurso de las actividades religiosas que desarrollaba. Por ello, era habitual que acudieran juntos a diferentes actos y que, en el marco de la confianza que tenían en él, las mujeres no tuvieran inconveniente en dormir en el mismo espacio que el cura, al que consideraban su director espiritual. No solo por ser su amigo, aclara el tribunal, "sino también por su condición sacerdotal".

De ahí que fuera frecuente que el acusado y las víctimas realizaran viajes juntos compartiendo alojamiento. Para los magistrados, el procesado aprovechó esos contextos y la confianza que las mujeres depositaban en él para agredirlas cuando se quedaban a dormir, lo que ocurrió en varios casos en viviendas que se le habían asignado por su condición de religioso.

Lo hizo sin que constara en ningún momento el consentimiento de las mujeres, quienes quedaban carentes de conciencia debido al fármaco o sustancia suministrada. Al día siguiente, las perjudicadas no recordaban nada, lo que permitió al acusado repetir estas conductas sin encontrar reticencia alguna por parte de ellas y sin mermar la relación de confianza. Dichas actuaciones eran grabadas y fotografiadas por el acusado sin el permiso de las víctimas y con la evidente intención de vulnerar su intimidad.

"NO SE TRATA DE UN ACTO AISLADO" 

Los hechos salieron a la luz en agosto de 2023, después de que una mujer con la que el cura mantenía una relación sentimental denunciara ante las autoridades que había descubierto en la vivienda del procesado un disco duro con las imágenes de las violaciones. De acuerdo con la resolución, meses antes, la mujer ya había puesto estos hechos "en conocimiento de un sacerdote que ejercía el Ministerio junto con el acusado en la misma parroquia, y a su vez del Vicario".

Para decretar la responsabilidad subsidiaria de la Iglesia, el tribunal razona que el procesado era diácono desde 2016 y sacerdote desde 2017, ejerciendo como párroco en un templo dependiente del Obispado. También apunta que los hechos ocurrieron en los domicilios que le habían sido asignados por su condición de religioso.

"No se trata de un acto aislado que pudiera pasar desapercibido para aquellos que tienen la obligación de vigilar y de elegir a quienes van a desarrollar la actividad pastoral", argumenta la Sala. El tribunal condena que el procesado cometió los hechos "con ocasión de viajes o actos en los que el acusado no solo no ocultaba su condición de sacerdote", sino que se valía de ella.