La Guardia Civil ha detenido a siete personas, miembros de una misma familia nicaragüense, por conformar una red de trata de seres humanos asentada en La Rioja y Huesca, que también operaba en Navarra. En su investigación, la Guardia Civil ha logrado identificar a un total de 50 mujeres víctimas del clan, engañadas en su país de origen con promesas de un trabajo digno y bien remunerado y que, a su llegada a España, eran despojadas de su pasaporte y dinero y obligadas a entregar el 85% de su salario como cuidadoras de personas y dependientes. La mafia les cobraba por todos los servicios y, como ejemplo, la Guardia Civil destaca el precio de entre 20 y 30 euros que les imponía por un simple comprimido de paracetamol.

En la Comunidad foral, la Guardia Civil tiene constancia de al menos dos víctimas.

Pobres y con hijos

La red captaba a las víctimas en Nicaragua. Según explicaban los investigadores, familiares directos del grupo criminal eran los encargados de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes, sin estudios, con hijos a su caro y en riesgo de exclusión social. En su ‘oferta’, les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España.

Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban mil euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, así como un visado de turista limitado a 90 días.

Una vez en territorio nacional, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado previamente, advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.

La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.

A final de mes, las personas que habían empleado a las víctimas les pagaban directamente en negro. Ellas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir. Cuando descansaban o se habían quedado sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraba por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un 20% de intereses, lo que suponía que la deuda no disminuyese, sino todo lo contrario, “se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las víctimas más atadas a la organización”, indicaba la Guardia Civil.

Los detenidos en la denominada operación Ayote han sido siete: cuatro mujeres y tres hombres de entre 19 y 41 años. Se les acusa de haber ejercido la trata desde 2016 y los beneficios económicos que habrían obtenido por esta actividad podrían superar los 750.000 euros. Una de las cabecillas fue detenida en el aeropuerto de Barajas cuando trataba de introducir a tres víctimas más en España.

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