La juez de Violencia de Género de Telde (Gran Canaria) ha ordenado al exconcursante de Gran Hernando Carlos Navarro, 'El Yoyas', que se mantenga alejado de su pareja y de sus hijos, como presunto autor de delitos de maltrato, coacciones, amenazas y vejaciones injustas.

Navarro ha declarado este jueves en Telde, tras haber sido detenido este miércoles acusado de haber maltratado a su pareja en la vivienda familiar, situada en la vecina localidad Agüimes.

Tras comparecer ante la magistrada encargada del caso, 'El Yoyas' ha quedado en libertad provisional, aunque sujeto al cumplimiento de medidas de carácter preventivo, entre ellas una que le prohíbe residir en la isla o visitarla de forma esporádica, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Fiscalía de Canarias ha solicitado a la juez que transforme las diligencias urgentes abiertas contra Carlos Navarro en previas para llevar a cabo una instrucción convencional, puesto que el imputado no ha aceptado los cargos que se le han expuesto durante la vista que se ha celebrado esta tarde, en forma de juicio rápido.

El concursante de la segunda edición de 'Gran Hermano', detalla el TSJC, solo ha reconocido que amenazó a la persona que en la actualidad está relacionada con la que todavía es su esposa, pero ha negado el resto de las acusaciones que se dirigen contra él.

El Ministerio Fiscal también ha propuesto que la pareja de Carlos Navarro y los dos hijos de ambos sean reconocidos por psicólogos forenses, una petición a la que la juez ha accedido.

Después de varias horas tomando declaración al arrestado, la instructora ha dictado medidas penales y civiles, estas últimas dirigidas a protección sobre los dos hijos de la pareja.

En este sentido, ha decidido que la madre de los niños mantenga su guarda y custodia, pero también que la patria potestad siga siendo compartida. No obstante, el régimen de visitas de Carlos Navarro a sus hijos ha quedado suspendido.

El encausado tendrá que pasar a su mujer una pensión de 100 euros por cada hijo hasta que esta medida no sea modificada por orden judicial.

La incoación de diligencias previas puede desembocar en un procedimiento penal formal que acabaría juzgándose en los próximos meses ante un Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, si las acusaciones piden menos de cinco años de cárcel, o ante la Audiencia Provincial, si la pena interesada superara esta barrera, precisa el TSJC.