Sanfermines 78 gogoan! denunciará el 11 de julio la "impunidad" en la Eurocámara
Los eurodiputados debatirán en esa fecha lo sucedido hace 40 años en Pamplona
Publicado el 26/06/2018 a las 12:45
La iniciativa ciudadana "Sanfermines 78 gogoan!" ha registrado formalmente una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contra la "impunidad" por los hechos sucedidos en las fiestas de Pamplona de hace 40 años y que será debatida por los eurodiputados el próximo 11 de julio.
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Los incidentes se desencadenaron con la entrada de la Policía Nacional en la plaza de toros de Pamplona durante la corrida del 8 de julio de 1978, en plenos Sanfermines, con motivo de la colocación de una pancarta en favor de la amnistía, y continuaron después en las calles de la ciudad, donde murió el joven Germán Rodríguez y seis personas más resultaron heridas de bala.
Fermín Rodríguez, hermano del fallecido, así como los miembros de la asociación "Sanfermines 78 gogoan!" Amaia Kowasch y Sabino Cuadra, expusieron su caso en rueda de prensa junto a los eurodiputados Izaskun Bilbao (PNV), Miguel Urbán (Podemos) y Ernest Urtasun (Catalunya En Comú).
"Queremos poder llorar a mi hermano por su fallecimiento, pero sin el añadido de la amargura por la impunidad", dijo Fermín Rodríguez.
Los representantes de la "San Fermines 78 gogoan!" explicaron que han obtenido todos estos años como respuesta una "negativa total" de todas las administraciones cada vez que han pedido reabrir el caso.
El objetivo de llevar la denuncia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) será para presionar a los Gobiernos estatales y autonómicos para acabar con la impunidad del caso, así como para pedir a la Comisión Europea que analice si no se han vulnerado los preceptos de memoria histórica y reparación.
"Queremos justicia, reparación y no repetición. Aspiramos a que a este trabajo se sumen cada vez más personas y partidos en la Eurocámara", dijo Bilbao.
Cualquier ciudadano puede dirigirse a esa comisión parlamentaria para presentar su queja si considera que una Administración de su país ha vulnerado la legislación europea. Sus respuestas no son vinculantes pero buscan ejercer presión sobre los Gobiernos de los Estados miembros.
